Este lunes, la abogada de una víctima de abuso sexual por parte del clero ingresó un recurso de convencionalidad, que busca que los tribunales apliquen la norma internacional y no consideren la prescripción de los delitos al momento de revisarlos.
Se trata de una acción que pretende marcar un precedente en los casos de abuso a menores, de la mano de un caso de comisión de delitos sexuales en la región del Ñuble.
El caso data de la década del 70. Hoy el denunciante es un hombre mayor de 50 años y recién el año pasado hizo la denuncia ante el Ministerio Público a raíz de amenazas de muerte de las que fue víctima en junio pasado por parte de un exsacerdote, la que luego derivó en una denuncia por abuso sexual.
En ese sentido, la Fiscalía remitió el caso a San Carlos, debido a la fecha en que fueron cometidos los ilícitos.
La denuncia es contra Juan Alberto Arroyo, un exsacerdote prohibido de ejercer el ministerio luego de un proceso canónico, el que fue realizado por ser sorprendido y grabado viendo pornografía homosexual cuando era capellán del Colegio La Purísima Concepción de Chillán.
Esto ocurrió el 2012, pero ya antes este exreligioso tenía denuncias en su contra por abuso sexual, y una era ésta.
El denunciante había presentado las acusaciones ante el entonces obispo de Chillán, Alberto Jara Franzoy, mientras que su familia envió una carta al hasta hace poco obispo, Carlos Pellegrin; sin embargo, en ninguna de las dos ocasiones hubo acciones de la diócesis al respecto, sin siquiera ser citado a declarar en el proceso que después lo dejó fuera de su cargo.
Sistema antiguo
Su caso está bajo el sistema antiguo de justicia, por ello es de carácter especial frente a otras causas de abuso sexual que hoy son indagadas por la Fiscalía a pesar del tiempo transcurrido, según ordenó el mismo fiscal nacional, Jorge Abbott.
Debido a esto es que la abogada que lo representa, Pilar Gutiérrez, decidió ingresar una “Representación de Convencionalidad”, herramienta que da la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los Estados para obligar a que se garanticen los Derechos Humanos en los procesos internos, aplicando una norma internacional.
Según la jurista, que es parte de la Comisión de Apoyo Integral de Víctimas de Abuso Eclesiástico de la región del Ñuble, y que asesora de forma gratuita a los denunciantes, el objetivo del recurso es solicitar al tribunal que realice un control difuso de convencionalidad, es decir, que cumpla de oficio con la revisión de la coherencia de las normas internas en la materia, con el estricto cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos, donde ya se ha establecido claramente la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores.
De esta manera, se busca que el Poder Judicial reconozca el derecho de todas las víctimas de este tipo de abuso de perseguir penalmente a los responsables de esos delitos, a sus cómplices y encubridores, sin importar la fecha en que esos delitos ocurrieron.
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La jurista -además- enfatizó que la demora en las denuncias ocurre por varios factores, entre ellos que el victimario genera un círculo de confianza con la víctima y su familia, lo que dificulta la intención de denunciar, y más cuando de antemano se conoce que según la normativa interna son delitos prescritos.
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Eneas Espinoza, sobreviviente del caso Maristas, valoró esta iniciativa, pues también instancias de Naciones Unidas han establecido que los delitos sexuales contra menores de edad son delitos de lesa humanidad, por lo que la prescripción no corre.
En ese sentido, instó a la justicia chilena a actualizarse, puesto que esta convencionalidad ya ha sido aplicada en otros países, como Argentina.
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Esto se da a horas de que la Comisión Especial de Constitución, Justicia y Reglamento, y Especial de la Niñez, que chequean la imprescriptibilidad, revise el proyecto ya aprobado en otras instancias por unanimidad, y que termina con la caducidad de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, que se ha tramitado largamente en el Congreso.
El senador que integra la instancia, el socialista Alfonso de Urresti, dijo confiar en el consenso que existe al interior de la comisión sobre la importancia de terminar con los plazos de prescripción, por lo que espera se pueda votar esta mañana.
Asimismo, agregó que las limitantes corren a favor del victimario y hoy el país está en una etapa de madurez sobre el tema.
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En lo que respecta a la sesión de esta mañana, está citada a partir de las 10:30 horas en el Senado.