El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y también la Universidad de Chile presentaron paralelamente escritos ante el Tribunal Constitucional (TC), para que el organismo rechace el requerimiento realizado por diputados de Chile Vamos, que buscaba evitar el uso de los excedentes del Fondo Solidario para paliar los déficit de la Gratuidad.

Hoy se realizaron los alegatos en el TC, tras el requerimiento de inconstitucionalidad que presentó un grupo de diputados de Chile Vamos y que busca echar por tierra la indicación aprobada en la Ley de Presupuestos, que permite a las universidades del Cruch usar el 30% de los excedentes del Fondo Solidario para amortiguar los déficit que deja la Gratuidad, al financiar sólo el tiempo formal de las carreras.

Si bien no fueron parte de las intervenciones ante el pleno, ambas entidades ingresaron los dos escritos ante el organismo, los cuales avalan la constitucionalidad de la indicación aprobada en la Ley de Presupuestos.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, cuestionó el apoyo que dio el Gobierno al requerimiento de inconstitucionalidad presentado por parlamentarios del oficialismo, siendo que el uso de parte de los excedentes del Fondo Solidario no implica para el Ejecutivo un mayor gasto.

En ese sentido, Vivaldi lamentó que se busque acentuar los problemas que presenta la Gratuidad, en vez de respaldar una solución.

“Si se nos hace la vida imposible impidiendo que usemos estos recursos para financiarnos (…) Es hostil para con las universidades Estatales”, apuntó.

En tanto la senadora de la Democracia Cristiana (DC) y presidenta de la Comisión de Educación, Yasna Provoste, indicó que los excedentes del Fondo Solidario son recursos que pertenecen a las universidades del Cruch.

Además, explicó que la indicación que el oficialismo busca declarar inconstitucional, sólo permite flexibilizar su uso por este año, a la espera de que se busquen soluciones de más largo plazo sobre la Gratuidad.

La parlamentaria criticó al Ejecutivo por oponerse a la medida, pues a su juicio, va en línea con el mejoramiento de la calidad de la educación.

“Llama poderosamente la atención que el Gobierno se haya hecho parte de el requerimiento para impedir que las universidades puedan utilizar el 30% de estos excedentes”, comentó la exministra de Educación.

Este año más de 18 mil estudiantes pertenecientes a las universidades del Cruch, perdieron la Gratuidad por exceder el tiempo formal de la carrera, lo que según cálculos del organismo significará una pérdida de 26 mil millones de pesos.

Lo anterior, debido a que la ley establece que las instituciones no pueden cobrar más allá del 50% del arancel regulado en estos casos.

Tras los alegatos del Gobierno, el Senado y la Cámara de Diputados, el pleno del Tribunal Constitucional decidió continuar mañana con el análisis del requerimiento, para eventualmente, entregar un fallo.