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El ministro de Justicia, Hernán Larraín, presentó ante el Congreso el pasado viernes el proyecto de Ley Humanitaria, que de ser aprobado, podría favorecer a seis condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Dictadura.
La potencial normativa permitiría la sustitución de la pena de cárcel por la de arresto domiciliario a reos que tengan más de 75 años, que padezcan una enfermedad terminal o que tengan algún menoscabo físico irreparable que provoque un dependencia severa. Eso, sumado a que hayan cumplido la mitad de la sanción penal.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, afirmó que el proyecto es “casi ofensivo” porque está más preocupado por lo criminales, que por los familiares de los desaparecidos.
“No piensan en la dignidad y humanidad, en sentido de la búsqueda de los familiares de detenidos desaparecidos, algunos ejecutados sin entrega de cuerpos que aún existen”, aseguró Lira agregando que, a su juicio, con este proyecto se busca la impunidad total.
El proyecto fue presentado un día después de que el Tribunal Constitucional impugnara la condición de arrepentimiento para otorgar beneficios carcelarios a violadores de los Derechos Humanos en el marco del “Proyecto de Ley de Libertades Condicionales”.
