Tras participar en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 24 en Polonia, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció que en enero de 2020 Chile será sede de la COP 25.

La decisión, sin embargo, ha sido cuestionada debido a que Chile ha postergado la firma del Acuerdo internacional de Escazú, cuyo objetivo es fortalecer la participación ciudadana y el acceso a la información en la evaluación ambiental de proyectos empresariales.

Lee también...
 Cancillería pidió a diputados exponer en secreto por qué se postergó firma del Tratado de Escazú

Schmidt aseguró que traer este evento a Chile no es inconsistente con la no firma del tratado, ya que la convención respeta la soberanía absoluta de los Estados y cómo se hacen cargo de la acción climática, lo que va en la línea del Gobierno.

Desde el oficialismo han señalado que se encuentran evaluando la firma del acuerdo, debido principalmente al punto que establece un tratado especial en el caso de los países sin litoral, lo que podría dejar expuesto al país ante tribunales internacionales respecto de temas relacionados con soberanía.

El diputado de Renovación Nacional, que integra la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara, Sebastián Torrealba, respaldó esta postura señalando que Chile está haciendo lo que hace cualquier país responsable, analizando en profundidad las posibles consecuencias del acuerdo.

La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien preside esta comisión, descartó que el acuerdo ponga en riesgo la soberanía nacional, ya que establece claramente la voluntad de cada país para decidir si someterse o no a que un tribunal internacional resuelva eventuales controversias.

En la misma línea, Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, respaldó los dichos de la diputada Pérez, ya que el artículo en cuestión se refiere a la cooperación internacional en torno a acceso a la información, a la justicia y participación ciudadana.

El tratado de Escazú se firmó el pasado jueves 27 de septiembre, y a pesar de que Chile fue de los impulsores iniciales, después de casi tres meses aún no ha manifestado una postura concreta.