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En la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York se votó el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que fue aprobado por 152 votos a favor y cinco en contra.
Pese a que en primera instancia el Gobierno de Chile había decidido apoyar el acuerdo, la semana pasada La Moneda confirmó que no formaría parte del acuerdo, generando críticas de la oposición, excancilleres e incluso del partido oficialista Evópoli.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, confirmó que Chile tomó la decisión de abstenerse de la votación, debido a que el acuerdo no representa -según el Ejecutivo- los intereses del país. “Dificulta la protección de nuestras fronteras”, insistió.
El presidente Sebastián Piñera sostuvo que esta decisión se tomó para presentar las explicaciones de la no adherencia ante las Naciones Unidas y respondió a las críticas de la oposición, que recordó en varias ocasiones que el pacto no es vinculante. “Cuando un país como Chile firma un pacto, lo hace por que lo quiere cumplir. Es vinculante porque tiene consecuencias políticas y puede tener consecuencias jurídicas muy importantes para nuestro país”, remarcó.
Una vez conocida la decisión que adoptó nuestro país, los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Pablo Vidal (RD), y el Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), presentaron sus reparos.
Este último acusó una estrategia del Gobierno para subir en las encuestas, mientras el diputado de Revolución Democrática cuestionó el doble discurso del Ejecutivo. “O el Presidente le mintió a la Asamblea General de las Naciones Unidas o el Presidente le está mintiendo al país hoy día, pero no se entiende este cambio de opinión respecto a un documento que se cerró el 11 de julio y no se le ha modificado ni una sola coma”, acusó Vidal.
Chile se abstuvo junto Argelia, Australia, Austria, Bulgaria, Italia, Latvia, Libia, Liechtenstein, Rumania, Suiza y Singapore. En tanto, cinco países lo rechazaron: Estados Unidos, Hungría, Polonia, Israel y República Checa.
Acuerdo turbulento
El pacto, el primero a nivel mundial para gestionar la migración, plantea 23 objetivos para desalentar la migración ilegal, en momentos en que el flujo de migrantes ha aumentado a casi 260 millones en el mundo, el 3,4% de la población global.
Más del 80% de los que se mueven de un país a otro lo hacen de forma legal, pero más de 60.000 personas han muerto intentando atravesar fronteras ilegalmente desde el año 2000, según cifras de la ONU.
Varias polémicas surgieron en torno al acuerdo en varios países de la Unión Europea, que llevaron por ejemplo a la caída del gobierno de coalición de Bélgica y a presiones para la renuncia del canciller de Eslovaquia.
Líderes populistas y de derecha de varios países han tomado medidas draconianas para evitar el ingreso de migrantes y, según fuentes diplomáticas, Estados Unidos buscó hasta último momento que otros países no apoyaran el pacto.
En Europa, donde las olas migratorias procedentes de Oriente Medio y de África del Norte en 2015 consolidaron el ascenso de políticos de extrema derecha, doce países se opusieron o se abstuvieron al pacto.
Hungría denunció una vez más el texto calificándolo de “error serio” mientras el presidente electo de Brasil de extrema derecha, Jair Bolsonaro, estimó que los inmigrantes habían hecho algunas partes de Francia “inhabitables” y anunció que iba a retirarse del acuerdo.
El pacto tiene por objetivo reforzar la cooperación internacional para una “migración segura, ordenada y regular”, y pide entre otros el fin de las detenciones arbitrarias. Sin embargo, sus detractores lo consideran una manera de alentar nuevos flujos migratorios incontrolados, tal como ha planteado en las últimas semanas el presidente Piñera.
