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La tarde de este miércoles, el Congreso despachó a ley el Presupuesto del sector público para 2019, cumpliendo así con el plazo límite establecido que tenían diputados y senadores para finalizar el trámite de la propuesta de La Moneda.
No obstante, desde el oficialismo ya hicieron reservas de constitucionalidad respecto de dos materias.
Primero, la polémica decisión de dejar sin montos los gastos reservados de Carabineros, lo que será impugnado ante el Tribunal Constitucional (TC) por el presidente de Renovación Nacional (RN), el diputado Mario Desbordes.
Lo anterior, para que dicha instancia zanje la disputa jurídica que se ha planteado respecto a que la Ley Orgánica de Carabineros y las Fuerzas Armadas establece un piso mínimo por concepto de gastos reservados y no como advierten parlamentarios de oposición, que una Ley de 2003 estableció que es la Ley de Presupuestos de cada año la que debe determinar dichos montos.
“La idea es que los parlamentarios vayamos transversalmente al Tribunal Constitucional, para que zanje si es que es posible contravenir lo dispuesto en las leyes orgánicas de las instituciones respecto del piso mínimo que hay de gastos reservados”, explicó Desbordes.
Pero a juicio del presidente del Senado, Carlos Montes, la discusión va más allá del debate presupuestario y aseguró que el Ejecutivo tiene herramientas legales para resolver cómo financiará los gastos reservados de Carabineros.
“Tiene que ver con la situación general de la institución. Sabiendo que el Ejecutivo dispone de muchos instrumentos para corregirlo en el camino, pero dando una señal clara. Puede hacer reasignaciones o ir al TC incluso si insiste en que tiene un piso. Siempre hemos sido orgullosos de nuestra policía y ahora han aparecido un conjunto de situaciones que tenemos que superarlas a fondo y rápido”, remarcó.
Excedentes del Fondo Solidario
Otro aspecto que parlamentarios oficialistas pretenden llevar al TC es la glosa que permite a las universidades públicas disponer de los excedentes del Fondo Solidario para bienes raíces y el financiamiento de la Gratuidad, en especial de casi 22 mil estudiantes que quedarían sin este beneficio el próximo año.
La senadora Yasna Provoste (DC) defendió la admisibilidad de la indicación y manifestó que aquellos que anuncian ir al TC son los mismos que se opusieron a la gratuidad. Por ello hizo “un llamado para que seamos capaces de construir una política en materia de Educación Superior”.
Entre los parlamentarios de Chile Vamos que anunciaron que recurrirán al Tribunal por este motivo están el diputado Jaime Belollio (UDI) y el senador José García Ruminot (RN).
Por su parte, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, subrayó que la opinión del Ejecutivo es que dicha indicación es inadmisible y aseguró que los parlamentarios que quieran impugnarla están en su derecho de recurrir a dicha instancia.
