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Un oficio de la Subsecretaría del Interior, solicitado por el diputado Jorge Brito, reveló que este año, Chile ha deportado un total de 1.583 extranjeros, por razones judiciales o administrativas, versus los 1.398 de 2017. El país deporta en su mayoría a bolivianos, peruanos y colombianos.
Es el Estado quien asume el costo de traslado de los extranjeros y los policías que deben escoltarlos, traducidos en pasajes a aerolíneas (en un vuelo comercial no pueden volar más de dos deportados). Dicho gasto alcanzó el millón de dólares, es decir, $689 millones de pesos chilenos, entre el 1 de enero y el 23 de octubre.
Entre colombianos (246), dominicanos (22), ecuatorianos (13), paraguayos (9) y peruanos (19), y otras nacionalidades (38), fueron 347 migrantes con sus respectivos 355 escoltas y 4 enfermeros, además de los 51 colombianos que abordaron un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en agosto.
En detalle, el costo promedio para deportar a una persona son $466.824 mil, mientras que el de una escolta promedia $1.297.054 millones (se considera ida y vuelta). Considerando a todos los actores, expulsar a un extranjero cuesta -en promedio- $1,7 millones.
Brito indicó a Radio Bío Bío, tras recibir el oficio, que quiso “ponerle números a la decisiones que toma el Gobierno… Sería bueno que, al mismo tiempo que se anuncian este tipo de medidas, se diga cuánto nos va a costar“.
El jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio, sostuvo a La Tercera que el 50% de ese gasto se extrae del dinero recaudado por las multas correspondientes a la Ley de Extranjería.
Los otros traslados se han realizado por tierra, mediante buses de la PDI, por lo que es gasto no corresponde al DEM.
Razones
Bellolio precisó que la mayoría de las deportaciones son por narcotráfico.
“Entre el 90% y el 95% de las expulsiones tienden a ser judiciales, es decir, personas que son condenadas en Chile y ya cumplieron parte de la pena, o que terminaron toda la pena y el juzgado determinó que debe ser expulsado”, explicó.
Por otro lado, las razones administrativas se adjudican a “personas que tenían antecedentes penales graves en su país de origen y que entraron de forma ilícita, sin exponer estos antecedentes y que, en la práctica, no deberían haber ingresado. Por ejemplo, encontramos a un sicario y alguien que estaba en alerta Interpol”, detalló Bellolio.
Inclusión
El director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, el sacerdote José Tomás Vicuña, si bien afirmó que el Estado está en su derecho de expulsar gente, fue crítico con el enfoque.
“Con una política migratoria integral de largo plazo, los fondos debieran destinarse cada vez más a políticas de inclusión en lugar de expulsión. Ojalá hablemos más de la gran mayoría de los migrantes que están acá sin antecedentes, sino vamos polarizando a la sociedad”, sostuvo al matutino, tal como lo planteó Brito.
“¿Qué hubiera ocurrido si es que esos montos millonarios lo hubiéramos destinado a insertar en la sociedad a estas personas, en vez de retornarlos a sus países de origen?”, preguntó abiertamente el parlamentario.
El diputado Brito añadió que en otros países existen politicas para “facilitar que aquellos que eligen nuestro país para trabajar, puedan hacerlo de la mejor manera”.
En ese contexto, Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, afirmó que en este aspecto hay cosas que el Gobierno “está haciendo mal”.
“En las expulsiones administrativas, tiene que ver con cuánto análisis se hace del caso en concreto. En Chile, aunque posteriormente se le dé a la persona la facultad de apelar, antes de sanción, la persona no tiene ninguna posibilidad de defenderse”, precisó la académica.
