Este lunes, luego de abandonar el tratamiento que lo mantiene con vida hace tres meses en el Hospital Militar, el hijo del coronel (R) Carlos López Tapia, exagente de la DINA condenado por delitos de lesa humanidad, sentenció que buscan demostrar “la inhumanidad del ministro de Justicia”.

El imputado había pedido el indulto presidencial por “razones estrictamente humanitarias”, según el abogado Raúl Meza. No obstante, éste le fue denegado el 30 de octubre del presente año.

Meza, defensor de los reos de Punta Peuco, apunta al beneficio de López Tapia por su “condición de enfermo crónico terminal y recientemente desahuciado por su equipo médico tratante”, sostuvo a La Tercera.

Carlos López cumple una condena de 87 años de presidio, como autor de los delitos de secuestro calificado (14) y homicidio calificado (3), por el caso Caravana de la Muerte en 1973, y por las desapariciones en Villa Grimaldi, centro de torturas que él mismo dirigió en 1976.

Razones humanitarias

El hijo del coronel (R) aseguró que a su padre sólo le quedan tres o cuatro días de vida. “Lo único que queríamos era que muriera en la casa”, expresó a La Tercera y sostuvo que López sólo estuvo un año en Villa Grimaldi y que su detención fue por “presunción de secuestro”.

Por su parte, el defensor argumentó que el rechazo del Gobierno sólo se basó en el “orden jurídico y psicológico, por carecer medianamente de la conciencia de los delitos que habría cometido”.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, señaló que López Tapia “está pensando en sí mismo, no en los familiares de las víctimas, ni en el daño a su propia familia”.

“Le pediría que tuviera la humanidad que él espera de los demás y que entregue información sobre el paradero de miles de personas desaparecidas”, añadió.

Tratamiento

Nelson Caucoto, abogado de Derechos Humanos, comparó el caso con una huelga de hambre de reclusos. Aseguró que el Hospital Militar, vía recurso de protección, “debe obligarlo a seguir el tratamiento médico (…) Como autoridad tiene que garantizar su vida”.

No obstante, Meza señaló que el recinto “va a respetar la decisión del paciente amparándose en la ley de derechos y deberes, que autoriza a que el paciente se niegue a cualquier procedimiento médico si está en una condición médica terminal o con una enfermedad irreversible”.

Desde el Hospital Militar indicaron que no pueden entregar antecedentes del caso, pero que “el tratamiento va en directa relación y concordancia con lo acordado con el paciente y su familia”, concluyeron.