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El caso de Gabriel Boric comenzó a complicarse más allá de la simple pugna política. Maya Fernández, diputada socialista y presidenta de la Cámara de Diputados, fijó su postura en torno a las críticas de la UDI contra el diputado autonomista Gabriel Boric, luego que se hiciera público su encuentro con Ricardo Palma Salamanca.
La parlamentaria señaló que quienes cuestionan a Boric no tienen derecho a hacerlo si es que han visitado a violadores de Derechos Humanos. “Una situación es tan condenable como la otra”, remarcó.
De paso, subrayó que no pueden haber dos posiciones: “Hay que criticar la violencia política venga de donde venga”, pero también de quienes violaron los DDHH en la dictadura.
Eso sí, recalcó que el propio Boric es el llamado a dar explicaciones e incluso, más temprano, ratificó que lo van a pasar a la Comisión de Ética y que -una vez allí- su rol será garantizar el cumplimiento del reglamento.
Las críticas también fueron replicadas desde La Moneda. La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, insistió en que se trató de un acto imprudente e irresponsable, ya que los líderes políticos chilenos deben mostrar un frente unido en temas de relaciones internacionales.
“Puede afectar los intereses del Estado de Chile” para que Palma Salamanca pueda cumplir condena en nuestro país, señaló la secretaria de Estado.
Para afrontar las crecientes críticas, Boric decidió salir de la sesión -en la que se discutía el proyecto de convivencia democrática, ex Aula Segura- para volver a dar explicaciones: se defendió y aseguró que no informó del encuentro para, justamente, no interferir en el proceso de extradición ni la solicitud de asilo de Palma Salamanca. “Yo no realicé ninguna solicitud pública ni privada”, apuntó.
A la Comisión de Ética
Más temprano, el diputado RN Andrés Celis envió una carta a la Comisión de Ética de la Cámara para solicitar formalmente que Boric sea pasado a dicha instancia parlamentaria por su encuentro, debido a que Palma Salamanca “es un prófugo de la justicia chilena y respecto del mismo existe un proceso de extradición pendiente por los delitos cometidos -el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards- y por los cuales se encuentra condenado, al margen de las diversas consideraciones políticas que se puedan tener sobre el tema”.
Asimismo, insistió en que la actitud del magallánico “parece al menos imprudente e inapropiada, sobre todo si ésta se hizo haciendo uso de su condición de parlamentario, con un permiso especial del Comité Parlamentario, que se le otorgara por una invitación efectuada por el Secretario General de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y sólo para esos efectos, gozando además, plenamente de su dieta parlamentaria”.
En detalle, Celis sustentó su requerimiento en dos artículos del Código de Conductas Parlamentarias. Primero, el artículo 5º, el cual sostiene que “el ejercicio de la función de los diputados debe orientarse siempre a la satisfacción del bien común, que es el deber esencial del Estado. Para ello, se propenderá a los valores de la seguridad jurídica, la justicia, la solidaridad, la paz, la libertad y la democracia, con especial atención a la protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas”.
En tanto, también citó la letra h) del artículo 7º, que señala la necesidad de “abstenerse de participar en cualquier proceso decisorio, incluso en su fase previa de consultas e informes que, por su vinculación con actividades externas, de alguna forma puedan ser afectados por una decisión oficial, o puedan comprometer su criterio o dar ocasión a dudas sobre su imparcialidad, a una persona razonablemente objetiva”, sobre todo considerando que la visita se concretó antes que la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra) le concediera el asilo el pasado viernes 2 de noviembre.
De momento, no se sabe si ese punto también salpicará a la diputada de Revolución Democrática (RD), Maite Orsini. En agosto pasado, en su escala en Francia, a su regreso de una visita oficial de 16 parlamentarios a Palestina, la congresista acompañó a Boric a dicho encuentro, según ella misma admitió tras la polémica este lunes.
Pero al parecer no es el único punto que los complica. Según reveló La Tercera, también arriesgan sanciones de la Comisión de Ética por no cumplir la obligación de registrar su viaje a Medio Oriente en el Registro de Lobby.
De acuerdo al reglamento, tienen un plazo de 30 días para hacerlo -pese a que en este caso no hubo desembolso de fondos públicos gracias a la invitación de la comunidad palestina-, tal cual cumplió el diputado Jaime Bellolio (UDI), quien hizo pública formalmente la “Visita Oficial Mediante Una Invitación De Parte Del Secretario General De Olp, Saeb Erakat”, la cual -según declaró- tuvo un costo de 3 millones de pesos.
Revolución Democrática fustiga a Maite Orsini
Debido a lo anterior, la situación complicó la posición política de la abogada, ya que también reconoció no haber informado a su partido de la cita en Paris.
En ese contexto, RD explicó a través de un comunicado durante la tarde de este lunes que “la decisión de asistir a dicha reunión fue a título personal” y “no haberle notificado al partido fue un imprudencia”.
Acto seguido, remarcaron su condena al “asesinato del senador Jaime Guzmán en democracia, pues en Revolución Democrática rechazamos enérgicamente todo tipo de violencia”.
“El proceso de extradición de Ricardo Palma Salamanca sigue en curso y confiamos en que las instituciones francesas y chilenas actuarán con principio de justicia”, sostuvieron para cerrar el tema e intentar zanjar el nuevo flanco de la polémica.
