De forma unánime, los 119 parlamentarios que estaban presentes en la sala de la Cámara de Diputados aprobaron los distintos proyectos de resolución que se votaron durante la sesión especial en que se analizó la deuda histórica de los profesores.

Una de las iniciativas, impulsada por el demócrata cristiano Mario Venegas, insta al Gobierno a conformar una comisión y un plazo de tres meses para encontrar mecanismos efectivos de reparación para los docentes.

Las otras dos solicitan al Presidente de la República establecer una línea, con su respectiva glosa, en el proyecto de Ley de Presupuestos 2019 para solucionar de forma definitiva la deuda histórica, como resaltó la diputada de Izquierda Autónoma, Camila Rojas, quien aprovechó de emplazar a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por la posición que habría adoptado cuando fue parlamentaria.

Pese al apoyo político transversal que tuvo la demanda del Colegio de Profesores, en el organismo están conscientes que sin el patrocinio del Gobierno ninguna de las medidas aprobadas pueden hacerse efectiva; valorando eso sí que este reconocimiento les servirá para reactivar la causa que mantienen ante la Organización Internacional del Trabajo, como explicó el presidente del gremio, Mario Aguilar.

Aunque a la sesión especial de la Cámara estaban invitados Cubillos, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín; del Trabajo, Nicolás Monckeberg; y de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, todos excusaron su inasistencia.

Patricia Garzo, dirigenta de los profesores jubilados, hizo notar la ausencia de la ministra Cubillos, pero se mostró confiada que luego de 37 años de espera se cumpla con la reparación.

La denominada deuda histórica se produjo el año 1981, cuando la dictadura traspasó la dependencia de los colegios públicos a los municipios, quienes dejaron de pagar una asignación especial no imponible que habían obtenido los docentes antes del cambio.

En 2008, en tanto, una comisión especial conformada en el Congreso determinó que la deuda histórica de los profesores sí existía y el Gobierno de la época abrió la puerta para alcanzar una solución, la que sin embargo nunca llegó.

Según datos del magisterio, a enero de 2018, 14.263 docentes han muerto esperando por su reparación, una que pese al reconocimiento del Congreso, ningún Gobierno ha querido saldar.