“Llamamos a un acuartelamiento general en todas las unidades penales y especiales del país”, y producto de “la indolencia de parte del Ejecutivo y las amenazas constantes que hemos sufrido de parte del ministro del Interior (Andrés Chadwick), decretamos una huelga de hambre total en la Penitenciaría”.

Con esas palabras, los funcionarios de Gendarmería comenzaron a radicalizar sus posturas de cara al cuarto día de paralización. Ayer miércoles, al cierre de la jornada, dieron paso a una medida extrema que -según anunciaron- comenzará en la Penitenciaría de Santiago, pero que esperan extender a otros penales del país.

Las nuevas medidas se unen a las anunciadas el martes, como la prohibición de ingreso de imputados y la salida al exterior de internos, salvo aquellas situaciones de salud y emergencias que ameriten la derivación a centros asistenciales.

Como se ha hecho habitual, mediante un video difundido a los gendarmes movilizados, el secretario nacional de la Anfup y vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, Marcos Aburto, sostuvo que la decisión se adoptó por la falta de acuerdo con el Gobierno.

Pero pese a la presión, de acuerdo a fuentes de Radio Bío Bío, en La Moneda no continuarán las negociaciones mientras exista este tipo de radicalizaciones.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló formalmente que de momento se mantiene el espacio al diálogo. “Aquí es importante conservar la calma. Estamos todos interesados en mejorar las condiciones de Gendarmería. Y más que seguir el camino y extremar recursos duros o expresiones violentas, yo quiero invitar a los dirigentes de Gendarmería a que sigamos dialogando”, aseguró.

Centro de Justicia paralizado

Pese al llamado, la movilización ha mantenido su tenor desde el primer día: generó retrasos y reprogramación de audiencias en el Centro de Justicia.

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, expresó su preocupación por las condiciones de los imputados en tránsito en los calabozos del Centro de Justicia. “El paro ha hecho que se adopten un montón de medidas. Las personas han tenido que pernoctar en los calabozos del Centro de Justicia, que no es el lugar adecuado. La capacidad de ese lugar es muy limitada. Está pensada para el tránsito”, admitió.

En tanto, desde las defensorías metropolitanas de la zona norte y sur presentaron ante el Séptimo Tribunal de Garantía una solicitud de amparo para que un juez verifique las condiciones de privación de libertad de al menos 72 personas que se encuentran en dichos recintos.

“Estas personas, están viendo afectados derechos esenciales básicos y fundamentales que le corresponden a todo ser humano. No pueden tener derecho a luz de día. No tienen derecho a visitas de familiares y también han visto reducido su espacio de movilidad”, acusó el jefe de estudios regional metropolitano sur, Mario Palma.

Descuentos de sueldo y sumarios

El bloqueo constante, de paso, ha llevado al Ejecutivo a tomar medidas. El subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, insistió en que el paro es ilegal, ya que “no pueden afectar el oportuno control de la delincuencia, ni los derechos y la seguridad de la población penal”.

Por ello, el actuar de los gendarmes comenzará a acarrear consecuencias directas: descuentos salariales y recopilación de información tendiente a determinar si procederán sumarios administrativos contra los trabajadores movilizados.

En tanto, en un tono mas conciliador, Ossa pidió a los gendarmes especificar aquellos puntos con los que no están de acuerdo en la respuesta y propuesta del Gobierno. “Seguimos abiertos al diálogo”, insistió.