Ayer dejó la jefatura del Estado Mayor Conjunto el general Arturo Merino que asumió como comandante en jefe de la FACH.

La tradición indicaba que el presidente debía elegir para el cargo entre cuatro generales del Ejército, sin embargo optó por nombrar de manera interina al vicealmirante Rodrigo Álvarez de la Armada.

La decisión se adoptó ante las investigaciones que se instruyen en el Ministerio Público y en la justicia ordinaria por presuntos fraudes fiscales y que estarían involucrando a altos oficiales de la institución castrense.

Por lo anterior, el ministro de Defensa Alberto Espina, explicó que por ahora no hay conformación del nuevo alto mando de las Fuerzas Armadas, lo que impide nombrar de manera oficial al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Además reconoció que le tocaba el cargo al Ejército.

En uno de estos casos por presunto fraude en el ejército, el fiscal Carlos Palma cursó las citaciones para que declaren como testigos los exministros de Defensa, entre el periodo 2006 al 2016.

Se trata de Vivianne Blanlot, José Goñi, Francisco Vidal, Jaime Ravinet, Andrés Allamand, Rodrigo Hinzpeter, Jorge Burgos y José Antonio Gómez.

El objetivo es que expliquen el sistema que se utilizó para transferir recursos fiscales al Fondo de Ayuda Mutua del ejército, lo que según la Contraloría, produjo pérdidas al Estado por cerca de 180 millones de pesos.

El primero en concurrir a la fiscalía fue Vidal. En tanto, en la investigación por el uso fraudulento de los excedentes de pasajes para salir al extranjero se sumó un nuevo detenido.

Se trata del coronel retirado Fredis Jara, ex jefe de la Sección de Pasajes y Fletes del Ejército, quien está inculpado como presunto autor de fraude al fisco y quedó bajo arresto preventivo en el Batallón de Policía Militar en Peñalolén por orden de la ministra en visita Romy Rutheford.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)