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Durante el último año 745 estudiantes fueron echados de sus colegios de forma directa o a través de la cancelación de su matrícula; casi la mitad de estas expulsiones se produjeron por agresiones del alumno sancionado a algún compañero.
Así lo muestran las cifras de la Superintendencia de Educación, recogidas por La Tercera, que detallan además que un 14% de las sanciones fue producto de violencia en contra profesores o asistentes de la educación. A su vez, el 37% fue por motivos como tráfico o consumo de drogas y porte de armas.
En medio de la contingencia a raíz de la discusión en el Congreso del emblemático proyecto del Gobierno Aula Segura, las cifras de la Superintendencia de Educación han causado opiniones dispares entre expertos.
Tras las modificaciones que sufrió en el Senado la iniciativa legal, cambió la obligación que tenía el director de un establecimiento educacional a expulsar un alumno involucrado en hechos violentos: ahora sólo tendrá la facultad de suspender al estudiante como medida cautelar mientras es investigado.
La directora de Política Educativa de Educación 2020, Nicole Cisternas, dijo al matutino que las cifras de la Superintendencia de Educación “nos muestran que la violencia escolar es un problema y que es multidimensional. La evidencia muestra que para abordar esto se necesitan programas que contemplen a los distintos actores”, y agregó que “estos datos fundamentan toda la discusión de que Aula Segura, en su primera versión, era un proyecto insuficiente para dar respuesta a la violencia escolar”
Por su parte, Ignacio Illanes, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, señaló al mismo medio que era preciso que el Aula Segura sopesara la gravedad de los episodios de violencia, independiente de que no son la mayoría ya que “han empezado a repetirse y perturban muy seriamente la vida escolar. Sin duda, es necesaria una señal política y legal contra la violencia, que devuelva mayor autoridad a los directores y que acote las expresiones estudiantiles a márgenes razonables”.
En la misma línea con Illanes, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, explicó al medio que “las cifras muestran que se trata de un fenómeno marginal, es decir, son pocas las expulsiones en comparación al volumen del sistema, que tiene 3,5 millones de estudiantes. Y eso indica que, tal como planteó el Gobierno siempre, esto es una medida extrema, no para aplicarse masivamente”.
Por otro lado, Fabián Guajardo, investigador de la Fundación Nodo XXI, sostuvo que las cifras “demuestran el carácter de show que tuvo el punitivismo mediático que impulsó el Gobierno, porque coincide con lo que dicen otros sectores, de que la violencia va más allá de los casos que contemplaba Aula Segura, que eran marginales respecto de la violencia global en el sistema”.
Asimismo, el experto agregó que se necesitan discutir nuevamente los reglamentos internos de los establecimientos para mejorar la convivencia y “contemplar los distintos aspectos de violencia que sí se han identificado en los colegios, como los desencuentros entre estudiantes y los conflictos que existen entre docentes y apoderados.
