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Tras la publicación en el Diario Oficial del reglamento de la Ley de Aborto en Tres Causales, la UDI anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) por considerar que se imponen requisitos para las instituciones de salud privadas.
El protocolo establece que los profesionales de la salud sí pueden ser objetores de conciencia. De realizar este acto, el plantel deberá derivar a la paciente a un lugar donde se realice la intervención.
En el caso de los recintos de salud privados, que contemplen atenciones en pabellón y reciban recursos del Estado a través del Decreto con Fuerza de ley 36, no podrán ser objetores.
Al respecto, el diputado de la UDI, Javier Macaya, manifestó que “el Estado no puede terminar poniendo requisitos que perjudican a la gente por este capricho ideológico”.
Por el contrario, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro, presentó sus reparos respecto a la decisión del partido gremialista.
“Una vergüenza nacional que el Gobierno sea cómplice de un camino que sólo perjudica a las mujeres”, advirtió.
En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Género y Salud del Colegio Médico, Francisca Crispi, solicitó al Ministerio de Salud que que regule la objeción de conciencia de una manera responsable y llamó a los parlamentarios del oficialismo a no obstaculizar la ley por vías administrativas.
“Centrémonos en que todas las mujeres puedan acceder a la prestación”, añadió.
Dentro de las próximas dos semanas, las instituciones deberán entregar la información respecto a la manifestación de objeción de conciencia ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Mientras que el nuevo protocolo entrará en vigencia el 7 de noviembre.
