El 8 de marzo, a pocos días del cambio de mando, el gobierno de Michelle Bachelet redujo las sanciones dictadas por Contraloría contra Cristián Riquelme, exadministrador de La Moneda, y absolvió a otros tres inculpados.

Los cuatro funcionarios (uno de los cuales seguiría en el cargo) habían sido investigados por adjudicar millonarios contratos a provedores vinculados con Riquelme entre 2013 y 2015.

Se trataría de Comercial A y R, que había pasado a manos de su esposa, y Greentec, que estaba a cargo de su exsocio.

A una semana de la publicación de Ciper Chile, Riquelme renunció a su cargo para evitar una nueva crisis en el Gobierno.

Finalmente, tras investigar, Contraloría resolvió proponer a la administración de Bachelet una serie de sanciones contra los 4 implicados. Para Riquelme, se propuso suspenderle del cargo (que ya no ocupaba) por 30 días, con goce del 50% de su sueldo, que alcanzaba los $7.765.741 en bruto.

Esta sanción fue rebajada por el Ministerio del Interior de la administración Bachelet a una “Censura”, que es la medida disciplinaria más baja para una falta administrativa, según publicó La Tercera.

Para Germán Yovane Monetta, jefe del Departamento Jurídico, quien aún se mantendría en el cargo, se le propuso multas del 15% de su sueldo. Para Natalie Vilches Jara, exjefa de Abastecimiento de La Moneda, y para Óscar Sandoval Navarrete, quien tomó el puesto de Riquelme tras su renuncia, se propuso una sanción del 20% de su remuneración.

Sin embargo, con la firma de los decretos 397 y 398 por parte del Ministerio del Interior el 8 de marzo de 2018, los tres fueron absueltos, decisión que luego fue a manos de Contraloría para su toma de razón. La instancia respondió el 11 de septiembre de 2018, acusando que la resolución “no se aviene con los antecedentes del proceso sumarial”.

Según constató el medio, el contralor Jorge Bermúdez respondió que la rebaja a las sanciones “no guarda concordancia con las infracciones comprobadas durante el proceso disciplinario”.

Defendió que la investigación realizó “todas las diligencias tendientes a establecer la veracidad y existencia de las infracciones”, y que las sanciones propuestas se basan en “omisiones en la fundamentación de las causales de contratación directa, (que) no pudieron ser desvirtuadas durante el curso de la investigación”.

En este sentido, defendió que “no existen antecedentes objetivos que acrediten que los proveedores que fueron contratados hayan sido los únicos que cumplían, en cada caso, con los requisitos de discreción y confianza que garantizaran la seguridad de la Presidencia de la República. Asimismo, es importante destacar el carácter público de los recursos involucrados en cada uno de los actos administrativos cuestionados, sobre los cuales se configuran las infracciones administrativas señaladas en cada uno de los cargos”.

Tras esto, una copia del dictamen pasó a manos de la administración de Sebastián Piñera a fin de que “realicen una nueva ponderación de la documentación contenida en la carpeta investigativa y disponga la aplicación de sanciones que sean proporcionales a las contravenciones en que incurrieron los inculpados”.

Pese a que algunos de los sancionados ya cesaron en sus cargos, quedarían notas de demérito en su hoja de vida, lo que afectaría su futuro en caso de que quisiesen volver a trabajar para el Estado.