A las 11:00 horas de este jueves, el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago inició la audiencia de comunicación de la sentencia de Rafael Garay, condenado como autor de delitos reiterados de estafa.

En la instancia, el ingeniero comercial fue condenado a 7 años de prisión efectiva y el pago de una multa de 21 unidades tributarias mensuales.

Como atenuantes se le reconoció la colaboración en el proceso y la intachable conducta anterior, pero se rechazó la reparación del mal causado.

Cabe recordar que el profesional declaró en al menos cinco oportunidades en estrado. En esas instancias reconoció los delitos que le imputaron y que las utilidades generadas con su empresa de asesorías Think & Co eran ficticias.

Por ello es que su representante, el abogado Daniel Célis, estimó que la pena es “increíblemente desproporcionada”.

Además, el autodenominado economista deberá pagar de manera individualizada varias compensaciones que van de los $10 millones a los $137 millones, por concepto de daño moral emergente. En total esta cifra supera los 875 millones de pesos.

Al contrario, el tribunal desestimó todas las solicitudes que insistían en pagos por conceptos de lucro cesante.

En la lectura del fallo, el juez Nelson González sostuvo que “la solicitud de pena de la Fiscalía no logra condenar en su justa medida” al autodenominado economista.

Ahora, las partes interesadas tienen un plazo de 10 días para presentar un recurso de nulidad. El abogado de Garay adelantó que una vez leído íntegramente el fallo lo presentará, intentando revertir la sentencia bajo el argumento de que no se le consideró la intención de reparar a las víctimas como una tercera atenuante.

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A los 7 años de condena debe descontarse el tiempo que Garay lleva detenido de manera preventiva, de acuerdo al certificado que realice Gendarmería, el cual contabilizará más de un año.

Cumpliendo más de la mitad o 2/3 de la pena -nuevamente según corresponda en base a los futuros informes de Gendarmería- el condenado ingeniero recién podrá optar por beneficios penitenciarios.

Compensaciones no serán pagadas

El abogado querellante de las víctimas y exfiscal nacional, Sabas Chahuán, valoró positivamente la decisión del tribunal.

“Creemos que se acogió la pretensión punitiva de la Fiscalía y los querellanates, incluso un poco más de los 6 años. Se ajusta a la prueba rendida en el juicio oral (…) nos deja tranquilos, es una pena proporcionada, se le reconoció solamente un atenuante, pero se aumentó la pena en conformidad a una norma que reiteradamente habíamos pedido que se aplicara, que es el artículo 351 del Código procesal Penal”, explicó.

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Consultado respecto de las devoluciones de dinero que corresponden a Garay en el aspecto civil, Chahuán fue realista y dijo que esto se hará “en la medida que tenga bienes, pero no tiene bienes. De manera tal que tiene una condena civil que solamente se puede cumplir si tiene bienes a su nombre o los adquiere en un futuro, dentro de cinco años que es el plazo de prescripción”.