En el batallón de Policía Militar pasó su primera noche como detenido el general John Griffiths.
Antes de concurrir a los tribunales de justicia, el uniformado renunció al cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército, que lo mantenía como el segundo al mando de la institución.
Tras ser notificado de los cargos, quedó en prisión preventiva. Según fuentes de Radio Bío Bío, el abogado del general, Rodrigo Ávila, solicitó de inmediato la libertad bajo fianza a la ministra en visita Romy Rutherford, la que debe ser revisada además por la Corte Marcial.
El Ejército, a través de un comunicado, confirmó su retiro y admitió que “no puede dejar de lamentar profundamente la situación que afecta al general Griffiths quien, en consideración al cargo que ocupa y en un acto que refleja su compromiso con los intereses superiores de la institución, ha presentado su renuncia voluntaria”.
En el procesamiento de 62 páginas, la jueza determinó que de tres agencias de turismo, Turavión, Latarch y Costanera, el general recibió devolución de dineros por un total de 44,6 millones de pesos, que fueron a su bolsillo y no restituidos al Ejército.
En concreto, se trata de viajes por comisiones de servicios a Estados Unidos, Italia, Alemania y Argentina, registrados entre noviembre de 2011 y mayo de 2014.
En el escrito judicial se describe que en la declaración ante la jueza, Griffiths “nunca pensó que era algo ilícito” (la devolución de dinero) y que creía que los pasajes y el flete eran “un derecho”.
En el viaje a Milán, en una comisión de servicios entre el 13 y 21 de febrero de 2014, la agencia de turismo Latrach le devolvió 823 dólares. Ahí fue acompañado por su esposa, con quien mantiene una sociedad. Dicha empresa recibió el depósito de la agencia.
En el procesamiento aparece la declaración del coronel (r) Clovis Montero, procesado por fraude al fisco en el caso Milicogate. “El comandante en jefe del Ejército (en la época Juan Miguel Fuentealba) premiaba a su gente de confianza con viajes a EEUU y España. Claramente salían con un decreto de comisión, pero en realidad iban fuera de comisión, es decir, iban a pasear con cargo al fisco”.
En la misma línea, también se sumaron las palabras del exjefe de sección de pasajes del Ejército, el coronel retirado Fredis Jara, que aseguró que Griffits sabía que no correspondían devoluciones ni otros destinos y que su actitud fue simplemente una “sinvergüenzura”.
“Práctica arraigada desde la dictadura”
Bajo dicho escenario, el diputado socialista Leonardo Soto, quien integró la Comisión Investigadora del caso Milicogate, acusó que estas prácticas están incorporadas en el Ejército y en el resto de las Fuerzas Armadas. “Es una práctica arraigada desde la dictadura”, apuntó.
Desde la otra vereda, el diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia, llamó a respetar la presunción de inocencia y valoró la decisión del procesado de renunciar al Ejército. “El quiere salvar el honor de la institución. Estas son responsabilidades personales”, remarcó.
“Es lo que corresponde. Cuando un oficial del Ejército está sometido a proceso, es lo que corresponde, precisamente que deje su cargo, es una situación reglamentaria. Así que nos parece bien”, dijo por su parte el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
“Se está desarrollando una investigación y aún está en este primer paso. Nosotros no tenemos antecedentes acerca de la situación específica y de si podrá involucrar a otras personas, así que como dicen ustedes: noticia en desarrollo”, remarcó para cerrar.