La tarde de este martes, el general John Griffiths renunció a su cargo como jefe del Estado Mayor, debido a la investigación que la ministra en visita Romy Rutherford lleva en su contra.
El procesamiento del “número dos” del Ejército de Chile, ahora en prisión preventiva, se debe a un eventual fraude al Fisco en el uso de pasajes para salir al extranjero.
Aunque se desconoce el detalle de los cargos, Radio Bío Bío informó que se trata de un viaje a Estados Unidos con su familia, para el que Griffiths hizo uso de fondos asignados al personal. Según las fuentes consultadas, se optó por un pasaje más barato del informado a la institución, la agencia de viajes se quedó con un monto excesivo de comisión y le devolvió al oficial cerca de seis mil dólares.
La renuncia se conoce luego de que Griffiths concurriera hoy, a ser notificado de sus cargos, hasta la oficina de la ministra en los Tribunales de Justicia.
Luego, acompañado por sus abogados, fue trasladado en un furgón hasta el Batallón de Policía Militar de Peñalolén donde comenzó a cumplir su detención preventiva.
Las irregularidades mencionadas las habría cometido entre los años 2010 a 2015, cuando ocupó el cargo de secretario general del entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado por fraude fiscal y se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Reacciones del Gobierno, el Ejército y el Congreso
Respecto a la renuncia, se refirió el ministro del Interior Andrés Chadwick.
“Primero, es lo que corresponde. cuando un oficial del Ejército está sometido a proceso, es lo que corresponde, precisamente que deje su cargo, es una situación reglamentaria. Así que nos parece bien”, dijo.
“En segundo lugar, se está desarrollando una investigación y aún está en este primer paso. Nosotros no tenemos antecedentes acerca de la situación específica y de si podrá involucrar a otras personas, así que como dicen ustedes: noticia en desarrollo”, culminó.
El Ejército, a través de un comunicado, confirmó su retiro asegurando que no pueden “dejar de lamentar profundamente la situación que afecta al General Griffiths quien, en consideración al cargo que ocupa y en un acto que refleja su compromiso con los intereses superiores de la institución, ha presentado su renuncia voluntaria”.
Además se destacó que aún se encuentra vigente la presunción de inocencia de su exjefe de Estado Mayor: “Esta decisión no implica de su parte reconocimiento de culpabilidad en el delito que se le imputa, pero fue tomada comprendiendo que su situación procesal es incompatible con su permanencia en el servicio activo del Ejército”.
Quien integró la comisión investigadora del denominado caso Milicogate, el diputado socialista Leonardo Soto, acusó que estas prácticas están incoadas en el Ejército y en el resto de las Fuerzas Armadas.
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El diputado de la UDI Osvaldo Urrutia llamó a respetar la presunción de inocencia y valoró la decisión del procesado de renunciar al ejército.
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Según las fuentes consultadas, el abogado del general, Rodrigo Ávila solicitó de inmediato la libertad bajo fianza a la ministra en visita, la que debe ser revisada además por la Corte Marcial.