La sala penal de la Corte Suprema, en forma unánime, acogió parcialmente la solicitud de nulidad presentada por los tres mapuches condenados en el segundo juicio derivado de la muerte del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger (75 años) y Vivianne Mackay (69) en 2013.
El máximo tribunal nacional rebajó las penas para los responsables, al desechar el carácter terrorista del ataque acontecido en la región de La Araucanía.
Para otorgar dicha cualidad a un delito, explica el fallo, “resulta indispensable que la finalidad del agente, al ejecutar el hecho punible, sea la de causar en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie”.
Sin embargo, en una sentencia de reemplazo, la Corte Suprema condenó a penas de 18 años de cárcel, por incendio con resultado de muerte, a José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, este último prófugo. Ambos podrán optar a beneficios carcelarios cuando cumplan nueve años de presidio.
También condenó a cinco años, que cumplirá bajo el beneficio de libertad vigilada, a José Peralino Huinca, quien obtuvo tres atenuantes, incluyendo la delación compensada.
Nadie quedó contento
Una vez leído el fallo por el ministro Jorge Dham, hubo incidentes menores al interior del tribunal. Le lanzaron monedas a dos de los hijos del matrimonio asesinado el 4 de enero de 2013.
“¡Vendidos!, esta es la justicia en Chile, para los de Punta Peuco hay justicia, para el mapuche no, ¡vendidos!”, gritaron cercanos a los condenados, en contra de los ministros que componen la sala penal: Hugo Dolmestch (presidente), Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm.
Visiblemente emocionado al conocer la pena que recibió su padre, Juan Carlos Trancal llamó a seguir luchando por la liberación de José Trancal Coche.
“Pronto, sí o sí, se recuperarán todos los territorios y la alegría para el mapuche va a llegar y esperamos que también para el pueblo chileno, va a llegar, porque nunca ha llegado con esta democracia. Va a llegar sí o sí ¡marichiweu!”, indicó.
Ya en Temuco, Jorge Luchsinger Mackay, llamó a acatar el fallo por el crimen de sus padres.
“Esto habría sido un delito de carácter terrorista, lamentablemente la Corte Suprema no ha acogido esto y, bueno, no vamos a seguir discutiendo porque ya esta fue la última instancia y no queremos ni es razonable seguir, acatamos los fallos”, aseguró.
Claudio Fierro, abogado de la Defensoría Penal Pública que representó a Peralino, lamentó el fallo condenatorio, insistiendo que su cliente delató a los comuneros bajo apremios ilegítimos.
“Queríamos la nulidad de este segundo juicio, porque habíamos denunciado que José Peralino Huinca, nuestro representado, había sido apremiado ilegítimamente por funcionarios policiales y a raíz de ese apremio sostuvo esa confesión”, acusó.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, se sumó al llamado de la familia Luchsinger-Mackay.
“Nosotros como querellantes, como Gobierno, ¿que nos hubiese gustado que las penas fuesen más altas aún?, sí, ¿que nos hubiese gustado que el delito hubiese mantenido su calificación de Ley Antiterrorista?, también. Pero respetamos y acatamos el fallo”, indicó.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, no obstante que los acusados fueron absueltos de terrorismo, mantuvo la convicción de los persecutores respecto a este ilícito.
“De algún modo el Ministerio Público sigue entendiendo que hay conductas que son plenamente concordantes con la Ley Antiterrorista y, frente a ese tipo de conductas, seguirá ejerciendo las acciones legales respectivas”, afirmó.
Mucho ruido y pocas nueces
Cabe recordar que en el primer juicio por el crimen de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay se absolvió a todos los acusados -entre ellos la machi Francisca Linconao- , en un fallo que se conoció el 24 de octubre del año pasado.
En el de ahora, que vino a modificar la Corte Suprema, registrado el 11 de junio pasado por la justicia de Temuco, resultaron ocho imputados absueltos y sólo estas tres personas sentenciadas.
De esta manera el caso quedó, definitivamente, con un total de cuatro condenados, pues se suma el machi Celestino Córdova, quien cumple 18 años de cárcel.
Los abogados de los victimarios estudian recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Amnistía Internacional (AI) estimó que “eliminar el carácter de terrorista del delito y rebajar las penas a los inculpados de ninguna manera es suficiente, pues no contribuye a remediar la injusticia cometida contra ellos”.
En el fallo adjunto al final de este artículo, hay una prevención del ministro Carlos Kunsemuller, que es una reflexión en mayor profundidad del porqué no hay terrorismo en este caso.
La calificación terrorista es de amplia discusión en la zona. El gobierno del presidente Sebastián Piñera asegura que operan allí “grupos de carácter terrorista”, pero la justicia no ha podido determinar la existencia de éstos.
El caso se transformó en uno de los más emblemáticos en el marco de violencia registrada en la región de La Araucanía. Allí se registran frecuentes ataques incendiarios que muchas veces son calificados de montaje y otras tantas reivindicados como “acciones de resistencia” por parte de organizaciones radicales, ante sus demandas de restitución de tierras ancestrales.
La sala penal
No es primera vez que el trabajo de la sala penal es cuestionado por la opinión pública, hace meses estuvo en el ojo del huracán tras otorgar libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad, lo que le significó a sus integrantes el intento de una acusación constitucional en su contra.
Tal como señaló La Tercera en aquella ocasión, expertos en la materia sostuvieron que los jueces han creado una doctrina muy estricta con el respeto de las garantías.
Las polémicas con el Gobierno ya se despertaron en el pasado por el tema de la “seguridad ciudadana”, cuando la sala, mediante fallos también unánimes, anuló condenas por procedimientos policiales mal hechos.
Asimismo, la sala roza constantemente con la política migratoria del Ejecutivo, pues los recursos de amparo de inmigrantes expulsados suele fallarlos a favor de estos extranjeros, impidiendo que migrantes con familia en Chile sean condenados a dejar el país.