Durante el lunes, por lo menos una decena de alumnos de colegios de Quintero llegaron hasta el hospital Adriana Cousiño con síntomas de intoxicación.
“Es tercera vez que viene mi hija con vómitos, con náuseas, con dolor de cabeza fuerte”, relataba una apoderada afuera del recinto.
A la salida, otro padre mostró documentación médica del diagnóstico que recibió su pupilo: “Efecto tóxico por otros gases, humos y vapores”.
“Le dio reposo. Dijo que tenía que estar en la casa, con la pieza bien ventilada y tomar harto líquido. Le dio unas pastillas”, añadió.
La mayoría de los afectados, luego de ser diagnosticados, fueron dados de alta para que descansaran en sus hogares.
Ayer lunes se comenzó a concretar el retorno a clases en Quintero y también en Puchuncavi, excepto un establecimiento de Ventanas, que está todavía en el proceso de limpieza industrial que fue requerido por las autoridades.
Pero los estudiantes desconfían de cómo las autoridades han abordado la emergencia ambiental en la zona de sacrificio. “Dijeron que iban a traer unos ventiladores y que iban a purificar el aire, pero no sé en qué fecha llegarían. La mayoría no quería venir”, admitió uno de ellos.
Pese a ello, la seremi de Educación de la región de Valparaíso, Patricia Colarte, cifró en 80% la asistencia de estudiantes a los establecimientos educacionales y explicó que se aplicará un programa de recuperación.
“Volver este lunes es para evitar que los estudiantes tengan que venir en enero. Vamos a hacer un ajuste a sus horarios y vamos a incorporar un módulo de recuperación, que los estudiantes van a tener todos los días a partir de esta semana”, explicó la autoridad.
Por su parte, los pescadores de la zona presentaron una denuncia contra AES Gener por un vertimento de carbón ocurrido el 19 de septiembre, lo que a juicio del abogado representante, César Barra, es una práctica común.
“Es una conducta que está sancionada en la Ley de Pesca. Aquí claramente hay una conducta permanente de vertimiento. La gerencia de AES Gener es la principal responsable de este vertimiento de carbón”, acusó.
Pensión de gracia
Frente a la situación, desde el mundo político han surgido diversos planteamientos para intentar compensar los más de 50 años de daños al medio ambiente y a las personas.
El exministro de Relaciones Exteriores y actual presidente del Partido Por la Democracia, Heraldo Muñoz, indicó que es necesario que las empresas, además de pagar sus respectivos impuestos, generen un pago de compensación “que vaya a la propia comunidad afectada por la contaminación”.
En la misma línea, el diputado de la Democracia Cristiana (DC), Daniel Verdessi, planteó algo muy similar. A juicio del parlamentario, es necesario entregar pensiones de gracia como una forma de reparación por parte del Estado a las personas cuya salud haya sido perjudicada, ya que los daños generados a las personas son debido a políticas de Estado.
Por lo anterior, propone realizar un catastro de todas las personas afectadas, pertenecientes a las 5 zonas de sacrificio del país, quienes -informes médicos mediante- puedan recibir pensiones por los daños ocasionados.
“Vamos a hacer las presentaciones al Ministerio del Interior este martes, para que se pueda identificar a un número determinado de personas de estas zonas de sacrificio”, detalló.
Compromiso voluntario
La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ratificó que las 19 empresas del Cordón Industrial Quintero Puchuncaví se comprometieron a suspender voluntariamente las emisiones de gases contaminantes, a raíz de los últimos episodios de intoxicación.
Lo anterior, tras la reunión que sostuvo con los representantes de las empresas en la Intendencia Regional en Valparaíso, que incluyó a Codelco, Enap Quintero, Oxiquim, GNL Quintero y AES Gener.
Asimismo, la titular de la cartera volvió a hacer hincapié en que el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para endurecer la actual normativa sobre emisión de gases tóxicos, que “establecerá una norma horaria para el dióxido de azufre, poniéndonos en los índices internacionales de desarrollo sustentable”.
En la reunión, además, la ministra detalló que el Gobierno está ahora a la espera de la toma de razón de Contraloría del Decreto Supremo (ingresado con carácter de urgente el viernes 21 de septiembre) para declarar alerta sanitaria en Quintero y Puchuncaví y así el Minsal pueda obligar al total de las empresas a reducir sus operaciones emisoras.
Aunque, la Contraloría General de la República confirmó a Radio Bío Bío que el Gobierno retiró el documento e ingresó uno nuevo con modificaciones.
En tanto, la secretaria de Estado también confirmó otra medida: la compra de un cromatógrafo, instrumento de medición del material particulado en el lugar, y que estará operativo en el sector desde este jueves.