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En mayo, la Contraloría General de la República (CGR) cifró en cerca de 400 millones de pesos los gastos cuestionados en la implementación del programa que debía mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes al interior de los hogares del Sename, plan conocido como Ascar.
El fiscal que investiga las muertes y abusos en hogares del organismo, Marcos Emilfork, dictó diligencias, entre ellas la declaración de los exministros de Justicia José Antonio Gómez y Javiera Blanco, actual miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que es parte en esta causa.
Tras un oficio del fiscal Emilfork, en abril, la CGR confirmó irregularidades y ordenó sumarios por el programa Ascar, que rigió entre 2013 y 2016.
El persecutor indaga estos hechos bajo el delito de fraude al Fisco, pues eran 3.300 millones de pesos los que se debían implementar.
Es por este delito que esta jornada deberá declarar el exministro Gómez en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI).
El fiscal Emilfork, además, mantiene una orden amplia de investigar a un equipo especial de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI.
Blanco
En otro de los casos en que se investiga a exministros de Justicia, el 28 de agosto, la fiscal Tania Sironvalle le confirmó a la Fiscalía de Puerto Montt, que indaga el caso Sename, que Javiera Blanco es investigada como presunta imputada de fraude al Fisco, nombramiento ilegal y tráfico de influencias por los “jubilazos” al interior de Gendarmería.
En el escrito también se incluyó como presunto imputado al exdirector general de esta institución, Tulio Arce, con respecto a irregularidades en los contratos de los funcionarios de la Subsecretaría de Justicia Roberto González Mateluna, Juan Cárdenas Castro, Héctor Opazo Zamora y Alejandro Pérez Cotapos.
El oficio de la fiscal Sironvalle recuerda que se encuentran en el expediente los antecedentes recopilados desde el computador portátil que utilizaba la exsecretaria de Estado y que trataron de incautar en dependencias del Ministerio de Justicia en octubre de 2016.
En esa oportunidad, alertada que la PDI buscaba el aparato, Blanco lo entregó en una unidad en Antofagasta, donde se encontraba circunstancialmente.
En agosto, Blanco elevó una solicitud a la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, para que le conceda un permiso por dos meses sin goce de sueldo, en cuyo cargo recibe ingresos brutos de 7,6 millones de pesos hasta los 75 años.
