Un simple requerimiento de información respecto a las AFP terminó en un litigio que deberá resolver la justicia, y que perfectamente podría marcar un precedente.

Actualmente las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se rigen por un modelo que se llama Sistema de Capitalización Individual, que fue implementado por la dictadura de Augusto Pinochet, comenzando a regir en 1980.

Mensualmente, todo cotizante recibe una cartola donde se detalla el pozo acumulado en su ahorro personal. Pero ¿en dónde termina el dinero que aportan los millones de trabajadores afiliados a las AFP? ¿cómo se trabaja? ¿dónde se está invirtiendo?

Estas fueron algunas de las interrogantes se hizo Esteban Rodríguez, un profesional que en febrero de 2017 pidió a la Superintendencia de Pensiones (SP) las “notas explicativas del 2002 al 2016 de los informes diarios” de las AFP, para conocer cómo las aseguradoras han “trabajado” los millones de dólares que aportan los trabajadores, según publica The Clinic.

Por ley, esta información debe ser entregada a la SP, detallando todos los movimientos que hayan realizado con los millonarios fondos que son aportados mensualmente por sus afiliados.

El dinero recaudado es invertido en empresas -un 17,5%-, banca -un 18,5%- y en empresas del Estado -un 22,5%-, por montos que van de los 28 millones de dólares a los 36 millones. Esto último, sin que los clientes tengan alguna opción de elegir dónde se destina el dinero, arriesgando fuertes pérdidas, como lo sucedido con el denominado Caso La Polar.

Recordemos que a los trabajadores que cotizan en las AFP se les descuenta el 10% de su sueldo, junto con el 1,4% que corresponde a un pago de comisión. Pero además, se suma el costo que tienen los “cargos por administración” que cobran emisores de fondos mutuos y de inversión en donde se invierten los fondos, y que se descuentan de la rentabilidad.

El monto total de dicho descuento en algunos casos representa el 0,22% de los fondos totales, como por ejemplo en el caso de AFP Hábitat.

Si bien en agosto de 2016 la entonces presidenta Michelle Bachelet intentó traspasar esos costos a las aseguradoras en su reforma a las pensiones, finalmente no se logró el cambio, precisamente por la “recomendación técnica” que hicieron las AFP a la Superintendencia.

Y aunque este último organismo informa cada tres meses las inversiones que han hecho los fondos de inversiones, no profundiza en los detalles.

Revisa el último informe trimestral de la SP a continuación:

Inversión de los Fondos de Pensiones by BioBioChile on Scribd

No obstante, la superintendencia encabezada por Osvaldo Macías se negó a entregar el detalle argumentando que afectaba los intereses comerciales de las AFP.

Entonces, Rodríguez recurrió de amparo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), organismo que ordenó la entrega de la información. Pero, la SP contraatacó y llegó hasta la Corte de Apelaciones, acusando que cumplir el requerimiento significaría perder tiempo y recursos.

De acuerdo a la superintendencia, se trataría de una “distracción indebida” debido a que según sus cálculos, requería de 1.500 horas/hombre para intentar extraer la información desde cintas magnéticas, arriesgando perder material sensible.

Asimismo, se indicó que la entrega de estos antecedentes podría afectar comercialmente a las aseguradoras de pensiones.

No obstante, de acuerdo a otros antecedentes también obtenidos vía Transparencia, el pedido de información significaría sólo 72 horas de trabajo, gracias a los software de la División de Administración Interna e Informática (DAI) de la SP.

Y por otro lado, esta información se entrega desfasada en 4 meses, por lo que tampoco significaría un riesgo para las estrategias comerciales de las aseguradoras.

Consultada respecto a las razones para argumentar la “distracción”, la superintendencia aseguró que “los antecedentes que sirvieron de sustento técnico para afirmar lo señalado se fundan en la experiencia práctica de los funcionarios de este servicio en la materia, y en un estimado hecho por esos mismos funcionarios acerca de las horas hombre que serían necesarias para entregar la información requerida”.

En esa línea, y ante la consulta por quién había promovido el reclamo, desde la SP su fiscal, Andrés Culagovski, señaló que “la decisión de la presentación del reclamo de ilegalidad N° 10.3902-2018, de 8 de septiembre de 2018, fue realizada por el superintendente de Pensiones, contando con la asesoría de la fiscalía de este organismo”.

Aunque, hay dos detalles que llamaron la atención. Por un lado se agregó un 2 al Rol y la fecha se “atrasó” un año, lo que de acuerdo a la propia superintendencia, se debió a un error de tipeo.

Por otro lado, quedó al descubierto que una de las respuestas entregadas a Rodríguez donde se detallaba la “distracción indebida”, era un copy paste de una respuesta por otro requerimiento de hace casi un año por lo menos.

De todas maneras, lo concreto es que más allá de lo que decida la justicia finalmente, las AFP han enfrentado un creciente rechazo, lo que incluso se tradujo en masivas marchas donde se exigía su eliminación.

En julio de 2016 se registró la primera movilización masiva contra el sistema de AFP, lo que semanas después llevó a la presidenta Michelle Bachelet a anunciar -en cadena nacional- una reforma al régimen de capitalización individual.

Antes de las AFP, Chile se regía por otra estructura muy diferente llamada Sistema de Reparto. Éste consistía en que todas las cotizaciones de los trabajadores activos y los aportes del Estado (el Fisco contribuía con cerca del 30% del total de recursos) iban a un fondo común, y dicho dinero se utilizaba para pagar las pensiones a los trabajadores pasivos es decir, a los jubilados.

Los montos de las pensiones que recibía cada persona no dependían del dinero que ésta hubiese aportado durante su vida laboral activa, sino que se relacionaban con la caja de previsión a la que perteneciera y con el cumplimiento de ciertos requisitos previamente establecidos.

Pero según la Asociación de AFP de Chile, el principal problema habría sido que el antiguo sistema comenzó a quedarse sin financiamiento, porque llegó un momento en que habían muy pocos trabajadores activos para costear todas las pensiones de los jubilados.

Las causas de este conflicto habrían sido la “permanente disminución de la natalidad” y el “aumento en las expectativas de vida”.

“Mientras que en el año 1955 por cada 12,2 trabajadores cotizantes había 1 pensionado, en 1980 por cada 2,5 trabajadores cotizantes había 1 pensionado. Es decir, sólo en 25 años el costo de los trabajadores cotizantes se incrementó casi 5 veces”, detalla la organización.

En Chile la esperanza de vida supera los 80 años, mientras un 15,7% de la población tiene más de 60 años. Por lo mismo, se estima que en 2020 la población chilena mayor de 65 años igualará a la menor de 15 y será el 20%.