El viernes 15 de junio el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno sentenció a más de 15 años de cárcel a una pareja de ecuatorianos por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y tráfico de migrantes.
Según la acusación del Ministerio Público, entre julio y agosto de 2015 los condenados, César Cabascango y Rosa Tambaco, concurrieron hasta Ecuador y contactaron a un menor de edad y a otros dos jóvenes para facilitar su entrada ilegal a Chile.
Luego, el matrimonio de inmigrantes explotó por al menos un año a estos tres jóvenes, a quienes mantuvo en condiciones infrahumanas.
La fiscal en jefe de Río Negro, Leyla Chahín, explicó aquel día que este tipo de ilícitos son recientes en Chile, sosteniendo que ese juicio fue uno de los pocos que existen a nivel nacional.
Este fin de semana la Revista Paula publicó otros casos que evidencian una práctica habitual donde todas las víctimas comparten una característica en común, provienen del mismo origen geográfico.
Esclavitud moderna
Hasta 20 horas de trabajo diario, retención de su pasaporte, pésima alimentación, retención de su dinero e indignas condiciones de higiene y sueño, son parte del vejamen por el que han pasado estos menores que son traídos a Chile con la eterna promesa de un futuro mejor para sus familias.
Entre 13 y 18 años tienen los chicos cuyos casos han sigo divulgados, todos son de la comunidad indígena de Otavalo, en Ecuador, donde la pobreza alcanza un 70%. Ellos, por sí solos (diez), componen la mitad de la lista de menores víctimas de estos delitos en Chile.
Es el caso, por ejemplo de Luis Perugachy traído con el consentimiento de sus padres sordomudos a los 13 años. El niño fue entregado al matrimonio de Luis Alberto Maldonado y María Rosa Córdova en 2012, quienes lo trajeron a suelo nacional asegurándole a la familia un ingreso de 50 dólares mensuales trabajando como vendedor ambulante.
Otro ejemplo son las tres chicas recuperadas desde la explotación que sufrían de manos del matrimonio compuesto por Luis Tuquerres y María Lourdes Cabascango, quienes las trasladaron a Punta Arenas.
Según informó el citado medio, la acusación de Fiscalía y las querellas interpuestas por el INDH e Interior afirman que las niñas fueron víctimas de acoso sexual, violencia física y psicológica.
El caso terminó con una multa de 20 UTM y cinco años de libertad vigilada para Tuquerres. Esa es la condena habitual, siendo el primer caso señalado al comienzo el único en el cual se ha logrado una condena efectiva de cárcel.
El modus operandi es el mismo en estos y todos los casos que afectan a los ovaleños. Matrimonios o personas individuales van hasta el pueblo de casas con suelo de tierra, donde convencen a gente muchas veces analfabeta de dar su aprobación y autorización a sus hijos, prometiéndoles mejoras en su calidad de vida.
Luego, en tribunales, los acusados alegan que todo es parte de su cultura, donde a los 12 años se es considerado un adulto capacitado de buscar el bienestar familiar, un bien que en dichas comunidades sería prioritario junto al trabajo.
Mientras dura su crimen, los matrimonios obligan a los menores a atender a sus propios hijos, a realizar las labores del hogar y a manufacturar y vender artesanías por las cuales les dan mucho menos de lo justo, muchas veces sólo a cambio de comida tan básica como arroz o fideos.
A los menores no se les permite volver ni comunicarse con sus familias, y se les esconde la documentación bajo amenazas de todo tipo. A veces, en el mejor de los casos, se les pide a las familias dinero a cambio de enviar de vuelta a sus hijos. Ni hablar de descansos, una buena cama, higiene, o cuidados por su salud.
Los casos, de hecho, sólo han salido a la luz por acción de terceros que ven a los menores en ferias o en la calle, en situación de miseria, por lo que terminan denunciado a las autoridades.
El delito de trata de personas está tipificado en Chile desde 2011 solamente y ocurre cuando, mediante estrategias como violencia o engaño, se capta, acoge o recibe a personas para su explotación sexual, trabajo forzoso o extracción de órganos.
En el caso de que las víctimas sean menores de edad, no es necesario que exista violencia ni engaño para acreditar el delito.
De los diez ecuatorianos que han sido víctimas, nueve eran menores de edad: 7 mujeres y 2 hombres.