La Fiscalía aplazó la declaración del cardenal Ricardo Ezzati en calidad de imputado por eventual encubrimiento.
La diligencia estaba prevista para este martes, sin embargo se debió posponer tras la petición de su abogado Hugo Rivera, quien pidió tiempo para conocer los últimos antecedentes de la carpeta investigativa, tras los últimos allanamientos.
La nueva fecha se mantiene por ahora en reserva.
Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Karadima, consideró que esto es parte de una estrategia para dilatar su comparecencia ante la justicia.
Mientras que Juan Andrés Murillo, también víctima del expárroco de El Bosque, apuntó a las eventuales víctimas que aún no han entregado su testimonio.
“Todavía hay muchas personas que no pueden hablar, hay personas que han sido silenciadas por el abuso, silenciadas por el trauma, silenciadas por la jerarquía de la iglesia”, dijo a la Agencia France-Presse.
“Este año se ha marcado por una ruptura de ese cascarón de silencio, hay muchas víctimas, cientos de miles de víctimas a lo largo del mundo, que están sacando la voz”, advirtió Murillo.
“Que él (Ezzati) tenga que sentarse en el banquillo de los acusados para nosotros ya es un triunfo y una validación por parte del Estado del sufrimiento que muchos han tenido que cargar en silencio durante años”, concluyó Murillo, que junto a otras víctimas chilenas fue recibido en el Vaticano por el pontífice.
Por su parte, Helmut Kramer, integrante de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, advirtió que “no es suficiente seguir escuchando la palabra perdón, lo que sí, esperamos desde el Vaticano y desde la iglesia, que entreguen toda la información que tienen” a la justicia.
Esto justo ocurrió en momentos en que el Papa envió una carta a los católicos, en la que reconoció tardanza para enfrentar los casos de abuso sexual. Instó, además, a que los involucrados en estos hechos asuman sus responsabilidades.
La semana pasada, la fiscalía realizó allanamientos en oficinas del Arzobispado de Santiago, en busca de información que agilice las causas penales abiertas.
Hasta el momento son 73 personas investigadas judicialmente en 38 causas en curso que afectan a un centenar de víctimas, la mayoría de ellas menores de edad al momento de cometerse los crímenes.