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En medio de la polémica por los recursos de amparo de la Corte Suprema, que entregaron libertad condicional a condenados de Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, el Gobierno anunció en el Congreso su postura para modificar la ley de libertad condicional.
Dos años de espera para que finalmente se constituyera la comisión mixta para resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara Baja, en relación a los requisitos para otorgar el beneficio carcelario a reos.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, fijó en la comisión la posición del Ejecutivo y aseguró que los convenios internacionales suscritos por Chile, como el del Estatuto de Roma, permiten bajo ciertas condiciones, otorgar beneficios penitenciarios. Afirmó que ello no tiene por qué excluir a internos por delitos de lesa humanidad.
El Estatuto de Roma establece que para que un condenado por esos ilícitos acceda a la revisión de la pena, debe haber cumplido, al menos, dos tercios de la misma o 25 años de prisión efectiva, en caso de ser cadena perpetua. Esto incluye, además, requisitos de cooperación con la causa, según consignó diario La Tercera.
Por tanto, la propuesta del gobierno no consideraría la necesidad de mostrar arrepentimiento para optar al beneficio.
El diputado socialista Leonardo Soto refutó la postura del Gobierno y aseguró que las modificaciones a las libertades condicionales, que se están discutiendo discuten en esta comisión mixta, sí aplicarán a los presos condenados por violaciones a los Derechos Humanos.
“En Chile y en todo el mundo los delitos comunes son distintos a los delitos de genocidio y a los de lesa humanidad. Tienen un tratamiento completamente distinto. Debe existir siempre una garantía de no impunidad”, agregó el parlamentario del PS.
Por otra parte, José Miguel Vivanco, director chileno de Human Rights Watch, fue consultado por si la Corte infringía normas internacionales y manifestó que “hay normativa expresa, pero tiene que ver con proporcionalidad, no tiene que ver con la confesión como prerequisito para la libertad condicional”.
Por su parte, la bancada de la oposición anunció que presentará una acusación constitucional contra los jueces de la Corte Suprema: Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Kunstmuller.
En este sentido, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Matías Walker, desmintió al presidente del partido, Fuad Chahín, quien señaló que un potencial apoyo del gobierno a la ley interpretativa presentada por la bancada de la DC, sobre beneficios carcelarios a reos condenados por delitos de lesa humanidad, implique que la falange se reste de acusar constitucionalmente a los ministros de la Corte Suprema.
