La visita del papa Francisco a Chile en enero de este año se vio empañada por la crisis en la Iglesia Católica, producida en ese entonces, principalmente, por la figura del renunciado exobispo de Osorno, Juan Barros, a quien se le acusa de haber encubierto los abusos perpetrados por el otrora párroco de El Bosque, Fernando Karadima.

Pero la polémica ha continuado y solo se ha profundizado con el paso de los meses, tanto que todos los obispos presentaron su renuncia ante el pontífice en el Vaticano, algunas de las cuales Francisco ha aceptado.

La cantidad de denuncias por abuso contra ministros de fe ha aumentado de forma exponencial a lo largo del país, batahola a la cual se sumó la citación emitida por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, para que el líder de la Iglesia en Chile, el cardenal Ricardo Ezzati, declare ante la Fiscalía en calidad de imputado por encubrimiento este 21 de agosto.

En conversación con el diario español El País, Arias aseguró que con su carta a los fieles chilenos de fines de mayo, el Papa “abrió el camino para investigar el encubrimiento de abusos”, pese a que tras su misa en Iquique, y en conversación exclusiva con Radio Bío Bío, el obispo de Roma aseguró que todas las acusaciones contra Barros eran “calumnias” y pidió pruebas fehacientes para comprobarlas.

Tras el allanamiento e incautación de evidencia desde el Arzobispado de Santiago y del Tribunal Eclesiástico luego la detención del excanciller Óscar Muñoz, el Ministerio Público cuenta con una serie de documentos con los cuales se confirma que muchas denuncias de abuso solo tuvieron corte canónico y que las autoridades eclesiásticas no desviaron las causas a la justicia.

“Vamos a hacer un juicio histórico y espero que seamos capaces de establecer que si determinados obispos hubiesen cumplido con las debidas diligencias se hubiesen evitado una buena parte de los delitos de abusos sexuales contra menores cometidos por los religiosos chilenos”, detalló el fiscal, quien invitó a otras víctimas a denunciar si no lo han hecho.

“Si no lo hacen no existe encubrimiento que valga. La Iglesia son los fieles”, añadió el jurisconsulto en conversación con el matutino hispano.

Por lo anterior, Arias culpó directamente a los obispos, ya que su deficiente y negligente actuar habría entorpecido la persecución penal de los delitos que tuvieron por víctimas a niños.

“¿Quién es el responsable de una organización y de lo que ocurre en un territorio? El obispo ¿Por quién pasan todas las denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes? Por el obispo. Conocen los hechos durante todo el proceso”, agregó Arias.

De esta manera, el fiscal de O’Higgins criticó que “el sistema no funcionaba”. A su juicio, por que “no se daba la atención adecuada a las víctimas, no se les creía, no se daba curso a las investigaciones”.

“No se cumplían las obligaciones de enviarlas todas a la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano, unido a un sistema ineficaz de justicia canónica (…). Sabemos que religiosos chilenos destruyeron evidencias sobre abusos sexuales”, acusó.