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El Gobierno se refirió este martes a la polémica que generó la millonaria cláusula de salida que acordó Jaime de Aguirre con TVN y que se gestó a espaldas del directorio del canal estatal.
Lo anterior, a raíz de la publicación de Radio Bío Bío donde se expuso íntegro un informe de la contraloría interna de TVN que daba cuenta de su sueldo de 18 millones de pesos brutos.
Asimismo, hizo hincapié en el extracto del contrato que le otorgó “derecho a una indemnización especial por término de contrato, sustitutiva de la legal, equivalente a cuatro sueldos base mensuales brutos (72 millones de pesos)”.
Frente a este caso, la vocera de Gobierno Cecilia Pérez apuntó sus dardos al socialista Ricardo Solari como responsable de lo que se hizo a espaldas del directorio de la señal pública.
Mientras, al interior del canal, Francisco Orrego y los demás miembros del directorio creen que se debe hacer un análisis de la situación para determinar si se puede dar curso a una investigación penal contra los responsables de este contrato a todas luces irregular.
En tanto, desde el Partido Socialista no se han referido al tema. Quién sí lo hizo fue el expresidente de TVN, Francisco Vidal (PPD), quien aseguró que la información que se ha expuesto desde el interior de TVN podría corresponder a una estrategia política de la derecha para enlodar al socialista Ricardo Solari, quien hasta marzo fue presidente del directorio de la estación, y además sacar a Jaime de Aguirre.
Por ello es que las dudas de las autoridades del canal y de los propios trabajadores de la señal pública se posan sobre la continuidad de Aguirre.
Todo eso en medio de una nueva reingeniería, donde parte del edificio de TVN se vendió y se eliminó el área dramática, lo cual fue suplido por agencias externas para enfrentar el complejo momento económico del canal.
En ese contexto, el año pasado se sumó la capitalización de 67 millones de dólares que recibió gracias a una iniciativa impulsada por la administración Bachelet, a la cual se le deben restar los 18 millones de la divisa estadounidense que están destinados a la creación de un canal estatal.
