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Finalizado el Juicio del Caso Caval el pasado miércoles -que terminó con un veredicto en el que se declaró a Natalia Compagnon como culpable, y la absolución de su socio Mauricio Valero y de Caval como persona jurídica- el fiscal a cargo de la causa, Sergio Moya, declaró que la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet, junto a su abogado, manifestaron que su primera defensa se pagó desde la Presidencia.
En entrevista con el diario La Tecera, Moya afirmó que en 2016, Compagnon junto a su marido notaron este pago sin su consentimiento. Ellos querían saber quién les había financiado su defensa,y que no tenían intención de pagar al considerar que no fueron defendidos adecuadamente.
Tal información fue entregada por parte de Antonio Garafulic y Natalia Compagnon en la oficina del fiscal, y agregaron que tomaron de sus fondos personales para devolver el dinero al gabinete de Ana Lya Uriarte.
Si bien las declaraciones fueron de manera verbal, el exfiscal a cargo de caso les solicitó dejar una constancia escrita para poder indagar en la forma, pero ellos se habrían negado.
Esta declaración habría ocurrido en la primera etapa del juicio, donde Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, junto a sus exabogados -Felipe Polanco y Jessica Norambuena-, habrían comentado que los fondos para pagar su defensa provenían desde Presidencia.
Ya en una segunda instancia, y después de cambiar a sus abogados, Natalia sufriría una “pérdida de memoria” en palabras de Sergio Moya, al decir que no recordaba exactamente de donde vino el dinero, por lo que fue emplazada por el fiscal.
Ante esto, ella habría respondido diciendo que eso lo declaró con sus primeros abogados y que él -Sergio Moya- debería saber porqué mencionó eso. Cabe recordar que Norambuena y Polanco fueron investigados por prevaricación.
La relación entre Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon con el fiscal Sergio Moya, quien llevaba el caso desde 2015, jamás fue grata. Es más, Compagnon y su marido se querellaron contra él y el jefe del Ministerio Público de O’Higgins, Emilio Arias, por “violación de secreto y amenazas”.
