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El primer extracto del escrito impulsado por el Frente Amplio para intentar destituir al fiscal nacional Jorge Abbott, entregado este martes, expone la serie de encuentros entre abogados que defendían a imputados de los casos SQM y Penta el 20 de enero de 2017.
Bajo estos y otros antecedentes es que los parlamentarios de esa coalición presentaron una solicitud de destitución a la Corte Suprema donde lo acusan de notable abandono de deberes y de haber impuesto la “doctrina de la impunidad” en los casos de corrupción política.
En concreto, en la segunda causal de “negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones” hacen hincapié en la audiencia entre Abbott y el abogado Rodrigo Zegers, quien representa a Santiago Valdés, imputado en el caso Penta y quien fue la mano derecha del presidente Sebastián Piñera en su principal brazo de inversiones: Bancard.
En dicho encuentro también participó la directora de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Marta Herrera; además del director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.
A continuación los registros del Ministerio Público dan cuenta de otro encuentro, en el que estuvo presente Abbott, los mismos funcionarios señalados y el abogado Samuel Donoso, quien defiende a uno de los principales imputados en el caso SQM: Patricio Contesse, el exgerente general de la minera no metálica.
Asimismo, a los antecedentes también sumaron el polémico encuentro que sostuvo la máxima autoridad de Fiscalía en diciembre de 2017 con el entonces senador UDI, Hernán Larraín, ahora ministro de Justicia. Allí planteó la necesidad de acelerar el proceso penal al cual se encontraba sujeto uno de los imputados, el senador Iván Moreira, “en atención de la conveniencia de afectar lo menor posible los quórums necesarios” en el Congreso.
En ese sentido, el texto cuestiona de paso que el fiscal Abbott Charme “se había inhabilitado en forma previa de conocer sobre el denominado caso Penta, aludiendo al nexo de parentesco con el entonces presidente del directorio de dicho grupo económico, su primo hermano Alfredo Moreno Charme”, quien actualmente se desempeña como ministro de Desarrollo Social en la administración Piñera.
Para cerrar, de paso añadieron sus polémicas declaraciones del 24 de abril pasado, en su tercera cuenta pública, donde cuestionó el protagonismo de los fiscales y se refirió a las indagatorias de financiamiento irregular de la política.
“En forma igualmente legítima han impactado a la comunidad los hechos que involucran a empresas, a algunos de sus ejecutivos y a militantes de partidos políticos en casos de financiamiento irregular de campañas electorales, sobre todo en un marco en el que hace un tiempo se legisló, precisamente, para evitar la influencia del dinero sobre la política”, señaló ese día, lo que desató críticas desde todos los sectores.
En tanto, se espera que el escrito exhibido por el Frente Amplio sea revisado el viernes durante la reunión del Pleno de la Corte Suprema, donde se sabrá si se acoge o no la presentación.
Frente Amplio dividido
De momento, la situación desnudó las diferencias al interior del conglomerado, luego que Revolución Democrática y el Partido Liberal se restaran de firmar el documento.
Aunque el diputado Humanista, Tomás Hirsch, le restó importancia a este punto al afirmar que el cuestionamiento al rol que ha jugado Jorge Abbott es respaldado por distintos sectores políticos, entre ellos parlamentarios de la ex nueva Mayoría.
De hecho, efectivamente en el requerimiento se incluyen las firmas de los diputados Cristina Girardi (PPD), Emilia Nuyado (PS), Carmen Hertz y Hugo Gutiérrez (PC).
En tanto, fue imposible obtener alguna declaración de Revolución Democrática sobre el tema. Ningún celular que se paga con dineros de la Cámara fue contestado. Sólo se limitaron a colgar en redes sociales un comunicado que firman como bancada.
A través de él señalan que el actuar del Ministerio Público es inaceptable, por lo cual entienden las razones de sus pares del Frente Amplio, pero advierten que solicitar la destitución de Abbott es enfrentar una institucionalidad jurídica adversa.
Ante ello, como bancada de Revolución Democrática prefieren llevar adelante proyectos de ley que visibilicen la raíz del problema y acaben con la impunidad.
