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Colaboración, arrepentimiento y certificación independiente, son los requisitos que la oposición le exige al Gobierno para tramitar el proyecto de ley, que eventualmente permitiría a condenados por violaciones de DDHH acceder a la libertad en caso de enfermedades terminales.
En la sede del Congreso en Santiago se desarrolló una nueva edición del programa “Diálogos con la Ciudadanía: los tres Poderes del Estado”, que organiza el Senado y en el cual las expectativas apuntaban a dejar atrás las diferencias entre el Parlamento y Gobierno, luego de la polémica que surgió por la sequía legislativa.
De hecho, en estrado estaba el presidente de la Cámara Alta y anfitrión, el senador socialista Carlos Montes; el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel; y literalmente al medio de ambos, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito.
La actividad consistió en que las autoridades respondían a las preguntas de estudiantes y profesores. Sin embargo, una consulta reabrió lo que a todas luces es una nueva tensión entre la oposición con el Gobierno y oficialismo: la Ley Humanitaria.
Se trata de la iniciativa incluida en el programa de Gobierno, que busca dejar en manos de los tribunales de justicia la decisión de conmutar penas a reos por motivos de salud, proyecto que volvió a la palestra luego que el presidente Sebastián Piñera indultara por razones humanitarias a un militar (r), René Cardemil, condenado a 10 años de presidio por el asesinato de seis personas, en 1973, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Cardemil, un coronel (r) de Ejército de 75 años, recibió el beneficio el 6 de abril pasado pero no logró acceder a éste, ya que murió debido a un cáncer prostático en el Hospital Militar de Santiago, un día después de que Piñera firmara la resolución.
Tras conocerse la noticia, de inmediato el ministro de Justicia, Hernán Larraín, salió a poner paños fríos al asunto, indicando que el Gobierno está más cerca de una ley que de seguir otorgando indultos.
No obstante, en organizaciones de Derechos Humanos criticaron duramente la decisión del mandatario, calificándolo como un antecedente “nefasto”.
“Él murió de una forma digna, preso como responsable de los crímenes cometidos y en un hospital que le dio la dignidad que corresponde y además que su familia tiene acceso a estar con él, eso para mí eso dignidad”, señaló Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Al respecto, y tras la consulta realizada durante la actividad en la sede del Congreso en Santiago, el presidente del Senado, Carlos Montes, apuntó a tres requisitos para conmutar penas a reos por razones médicas: la colaboración, arrepentimiento y certificación independiente.
No obstante, el parlamentario opositor enfatizó en que el beneficio no puede incluir a condenados por violaciones a los derechos humanos, como los exmilitares o militares en retiro que se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco.
Por contrapartida, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, pidió no centrar el debate en los reos de Punta Peuco, asegurando que el beneficio está pensado para “todas las personas que cumplan las condiciones que estén en las cárceles y que se estén muriendo”.
En ese sentido, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, reiteró en que la idea es establecer un procedimiento para dejar en manos de los tribunales la decisión, adelantando que la iniciativa está en su fase final de revisión.
Pero pese al optimismo del Gobierno, en la oposición pidieron transparentar la decisión del presidente Piñera. Según el vicepresidente de la Cámara Baja, diputado Jaime Mulet, existe la impresión de que hubo un grado de compromiso con los exmilitares condenados por violaciones a los Derechos Humanos.
Durante la última campaña presidencial, Piñera se comprometió a legislar para que los reos con enfermedades terminales o en situación de invalidez total, puedan terminar sus días con dignidad, no en recintos carcelarios, sino que sus penas conmutadas por arrestos domiciliarios.
