A través de un informe emitido la tarde de este lunes tras una auditoría a centros del Programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (Ascar), la Contraloría General de la República criticó la iniciativa en cuestión y declaró no saber si, finalmente, fue o no un aporte al Servicio Nacional de Menores (Sename), todo en medio de la polémica por los presuntos $3 mil millones desviados.

No obstante, el órgano sí pudo comprobar que Ascar “contó con la respectiva disposición de fondos y habilitación para contratar personas para la ejecución del mismo”, pero que tal acción no fue sancionada con un acto previo a su ejecución que estableciera una justificación, ni lineamiento estratégico, tampoco objetivos, metas ni indicadores.

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“Tampoco se advierte que sus resultados se hayan traducido en una política pública sobre la materia, cuestión que atañe a las funciones que compete desarrollar a esa cartera de Estado (en relación a la Subsecretaría de Justicia, de la cual forma parte Ascar)”.

A juicio del órgano fiscalizador, ésta “individualizó en su respuesta productos que se enmarcarían en los gastos autorizados en las leyes de presupuesto mencionadas, sin embargo éstos corresponden a tareas generales que, en su mayoría, dicen relación con funciones propias del servicio, o bien, de actividades respecto de las cuales no se vislumbra su relación con el ‘Programa Fiscalización Centros de Menores"”.

Montos

En el informe, la Contraloría aseguró que Ascar recibió $95.147.314 pesos para implementar “un sistema informático”, el cual nunca llegó a concretarse y que hoy en día es “un repositorio con información desactualizada”.

Por concepto de contratos a honorarios, además, se le asignaron más de $3.100 millones, en los cuales habría ciertas irregularidades en al menos $1.387 de éstos.

Se desprenden de la cifra anterior $341 millones en personas cuyas labores “no decían relación con las funciones del ‘Programa Fiscalización Centros de Menores"”; $25,8 millones “sobre los cuales no consta la entrega de los productos establecidos en los contratos”; y $33,2 millones en contratos de trabajadores de quienes “no fue acreditada la competencia o habilidades para ejecutar la función”.

Para los tres puntos anteriores, la subsecretaría deberá “adoptar las medidas tendientes a que las labores asignadas al personal contratado para la ejecución de una iniciativa guarden directa relación con los objetivos del mismo”, “exigir y mantener los antecedentes de respaldo, que acrediten el trabajo realizado por el personal contratado a honorarios” y “velar para que las personas contrataciones cuenten con la debida acreditación de las competencias requeridas”, respectivamente.

Debido a los antecedentes expuestos y en conformidad a lo estipulado en el artículo 133 de la Ley Nº 10.336, la Contraloría determinó iniciar un proceso sumarial en la Subsecretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de determinar “eventuales responsabilidades administrativas” que puedan comprometer a funcionarios.