Chile, el nuevo destino de la diáspora haitiana

En Haití, familias de pueblos prácticamente enteros se endeudan con prestamistas para emigrar a Chile. Pero el Departamento de Extranjería y Migración solicita requerimientos para regularizarse en el país que no están estipulados en la ley. Miles de haitianos quedan así entrampados en la pobreza y sus familias en la quiebra.

En el barrio Palmiste Bas, de Thomassique, un pueblo ubicado cerca de la frontera con República Dominicana, en todas las casas visitadas durante esta investigación, al menos un habitante del hogar ha emprendido el viaje hacia nuestro país. Y es que Chile se ha convertido en el destino favorito de la diáspora haitiana en América del Sur. En 2016, 49 mil haitianos ingresaron al país y en 2017 fueron 100 mil. Para viajar, muchos de ellos han adquirido créditos con prestamistas, dejando hipotecada la casa familiar, un terreno y en algunos casos ambas cosas.

Para ir a Chile son 125 mil gourdes (casi $1,2 millones chilenos), asegura Lolo, uno de los prestamistas del pueblo. Si la casa que será hipotecada cuesta 100 mil gourdes, el cliente recibirá como máximo un préstamo de 50 mil gourdes, explica Lolo.

La gran diferencia entre este tipo de préstamo y uno bancario, es que el cliente debe reembolsar al prestamista, de una sola vez, el 100% de lo que le fue prestado. A la espera de que ello ocurra, cada mes, deberá pagar un interés que puede llegar a alcanzar el 20% del monto total. Por ejemplo, para un préstamo de 50 mil gourdes se cobra un interés de 10 mil gourdes por mes. Eso, hasta que el cliente reúna los 50 mil gourdes y los devuelva. Así, si el cliente demora un año en reunir el dinero, habrá pagado en impuestos casi tres veces el monto prestado.

Paulette, a quien hemos cambiado el nombre para este reportaje, hipotecó la casa donde vive con su marido y sus siete hijos para que su primogénito pudiera viajar a Chile. Pidieron un préstamo de 150 mil gourdes ($1,5 millones chilenos) y cada mes deben pagar un interés de 15 mil gourdes ($140 mil).

Al mismo tiempo que reúne ese dinero mensual, Paulette debe procurar dejar de lado otro monto para reunir lo antes posible los 150 mil gourdes y devolvérselos al prestamista. Para lograrlo, espera que su hijo encuentre trabajo rápidamente en Chile y así pueda enviarles dinero para pagar los intereses y la deuda. Pero “el problema es que eso no ha ocurrido”, dice Paulette, con una sonrisa que intenta ser optimista.

Sólo el interés que debe pagar Paulette y su familia mensualmente corresponde a casi la mitad del sueldo que ganaría su hijo, si éste lograra encontrar un empleo por el sueldo mínimo. El miedo de Paulette es el mismo de muchos habitantes de Thomassique que han dejado sus bienes en manos de un proyecto migratorio incierto: pasar años pagando intereses sin lograr juntar el dinero para pagar la deuda y finalmente perder la casa.

En Haití, el oficio de prestamista es una actividad legal y autorizada por la Dirección General de Impuestos, perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas. De hecho, Lolo guarda actualizada su patente la que renueva todos los años. Sin embargo, la ley que norma en este país a las entidades bancarias, regulando las tasas de interés y condiciones de los préstamos, no atañe a los prestamistas, pudiendo éstos establecer arbitrariamente los intereses y las condiciones.

Desde que Lolo volvió de República Dominicana, donde reunió dinero trabajando en la construcción, nunca le han faltado clientes. Al contrario, su negocio ha crecido. Comenzó prestando pequeñas sumas de dinero y con los intereses su negocio creció. “Antes era Brasil, ahora es Chile”, dice.

La trampa

Es común que detrás de cada viaje, aunque se trate de uno individual, exista una empresa familiar que se ponga en marcha en favor del proyecto migratorio. El endeudamiento a través de un prestamista es una de ellas, pero no la única.

Estanel llegó a Santiago en 2016. Junto a su hermano, quien vive en Haití, y a su hermana, radicada en Francia, ahorraron mes a mes un porcentaje de su salario para finalmente, al término de un año, reunir el dinero necesario para su viaje: 1 millón 100 mil pesos. Once meses después de haber llegado a Chile, Estanel no ha conseguido trabajo, se encuentra en una situación migratoria irregular y no ha podido responder satisfactoriamente a la empresa familiar que permitió el viaje.

Estanel se encuentra en situación irregular porque, como muchos otros inmigrantes, no ha logrado acceder al denominado “permiso de trabajo”, documento temporal que entrega derecho a emplearse mientras se tramita el visado. La razón: no ha logrado presentar, ante el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), un contrato de trabajo, elemento fundamental según le dice el organismo, para acceder a dicho permiso y a la “visa temporaria por motivos laborales”.

Como sucede con muchos otros extranjeros, cada vez que se le presenta a Estanel una oportunidad de trabajo, el empleador le solicita la cédula de identidad nacional o carnet. Sin embargo, el carnet no es en ninguna circunstancia un requisito legal para obtener un empleo.

El carnet es, de hecho, uno de los últimos documentos al que accede un extranjero, mucho después de haber obtenido un empleo. Así, una cantidad considerable de inmigrantes, incluido Estanel, se encuentra irregular y desempleado pues el mercado laboral realiza una solicitud, el carnet, que va en contrasentido de los procedimientos migratorios.

Lamentablemente, esta no es la única dificultad que debe enfrentar Estanel y muchos otros inmigrantes para obtener un permiso de trabajo y acceder al mercado laboral.

Tras siete horas de espera en una fila que recorre cuadras y que luego se enrosca por las escaleras del DEM, Estanel obtuvo una hoja impresa con el listado de la documentación requerida para solicitar la visa temporaria por motivos laborales y el permiso de trabajo.

Subrayado en amarillo fluorescente, el último requisito: un contrato de un año o preferiblemente indefinido. Más abajo, añadido de puño y letra por el funcionario: en el peor de los casos un contrato de seis meses. Al consultar al DEM respecto de la solicitud hecha a Estanel, reconoce en un correo electrónico que “no es necesario un contrato de un año, pero sí el contrato debe tener una vigencia que es por lo menos mayor al tiempo de tramitación [de la visa]. Por esto es preferible un periodo mayor a 6 meses”.

Las probabilidades de obtener un empleo indefinido o de un año, en primera instancia, son muy difíciles para cualquier persona. En general, las empresas acceden a nuevo capital humano a través de contratos de un mes o tres meses como máximo, el tiempo de medir el rendimiento de los nuevos empleados. En ocasiones, incluso, los empleadores exigen “periodos de prueba”, sin contrato, algo que la ley laboral considera efectivamente.

Las probabilidades para un inmigrante de obtener un contrato de 6 meses o más son, en este sentido, particularmente difíciles. En definitiva, el DEM exige algo que el mercado, en rigor, no da en primera instancia, poniendo a los trabajadores extranjeros en una situación de extrema desventaja en relación a sus pares chilenos.

Pero el problema no dice relación únicamente con la “libre competencia” de trabajadores en el acceso al empleo. El problema es de mayor gravedad: no existe ninguna ley o reglamento que respalde explícitamente el requerimiento del DEM ni tampoco la explicación que entrega, pues la norma no exige contratos con una vigencia específica. Es más, el organismo omitió información a Estanel, puesto que, según éste mismo declara en el correo electrónico, una persona puede solicitar una visa por motivos laborales con una oferta [de trabajo], aunque antes de estampar la visa tendría que presentar un contrato real. Es decir, ni siquiera sería necesario un contrato para obtener el permiso de trabajo.

Las exigencias injustificadas de un contrato indefinido por parte del DEM y el de un carnet por parte del empleador mantienen a Estanel, y muchos otros, al margen del mercado laboral, llevándolo de manera progresiva a una situación de pobreza y de extrema vulnerabilidad. Estanel sobrevive, actualmente, con el dinero que recibe de su familia en Haití, la cual supuestamente él debía apoyar.

Para contrarrestar esta gran dificultad en el acceso al permiso laboral, se han creado diversas soluciones, algunas ilícitas, a la que la población extranjera accede, buscando terminar con el “problema de los papeles”. Una de ellas son los contratos falsos, es decir, acuerdos laborales donde las funciones y tareas estipuladas jamás serán ejercidas realmente.

Las más de 30 fuentes consultadas para esta investigación muestran que la demanda de contratos falsos sería, principalmente, resultado del actuar discrecional del DEM. Ello en lo que respecta la exigencia injustificada de presentar un contrato, y más aún con una vigencia específica.

Así lo ejemplifica Fritz, haitiano de 37 años quien compró un contrato a una mujer chilena por unos 60 dólares. “Tengo un primo mío que me consiguió de comprar un contrato para conseguir mi carnet y mi permiso de trabajo”, explica.

Cuando el Departamento de Extranjería y Migración se dio cuenta de la existencia de contratos simulados, comenzó a descartar del proceso de visado aquellas solicitudes que proveían contratos sospechosos, enviando dichas solicitudes a Policía de Investigaciones (PDI) para que realizara las investigaciones pertinentes.

Ahora bien, según Alexis Aguirre, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “la autoridad migratoria no tiene la facultad de declarar la falsedad de nada, porque es una autoridad administrativa y el concepto de falsificación es algo jurisdiccional y por ende depende de los tribunales de justicia. Del mismo modo, según el entrevistado, de ninguna manera PDI tiene esa facultad”, la de declarar falso un contrato, por las mismas razones antes señaladas.

Pero el problema no es sólo legal, sino también de gestión. No existe ningún protocolo o pauta al interior del DEM que explicite cuáles son los criterios para considerar sospechoso un contrato. La decisión queda, por ende, al criterio de los funcionarios del organismo, quienes no necesariamente tienen las competencias para ello.

PDI, por su parte, admite revisar “una muestra no más” y no la totalidad de solicitudes supuestamente sospechosas. Ello según las palabras del Subprefecto Carlos Silva, del Departamento de Policía Internacional de la PDI. Es decir, hay un número desconocido de visas detenidas que no serán investigadas por PDI ni procesadas por el DEM, dejando a los solicitantes en un limbo administrativo.

Las cifras aproximadas entregadas por el DEM respecto de este problema revelan una situación desastrosa: actualmente, habría 15 mil contratos detenidos por ser considerados sospechosos.

Puedes acceder a una versión extendida de este reportaje en el sitio web de Fundación Carre.re

La precariedad administrativa

Hay tres organismos que participan en la tramitación de los documentos que cualquier inmigrante necesita tener: el Departamento de Extranjería y Migración, la Policía de Investigaciones y el Registro Civil. Pero la comunicación entre estas instituciones es precaria. El DEM posee un software de gestión de datos de 1996, el cual no permite, entre otras cosas, dar seguimiento al proceso administrativo de una persona una vez que la documentación ingresa a PDI. Con el Registro Civil, por otro lado, tampoco existe ninguna forma de comunicación que permita agilizar la obtención de la tan anhelada cédula de identidad nacional.

Así como no hay una comunicación efectiva entre las instituciones vinculadas, tampoco existe un organigrama que estructure los cargos y secciones en la compleja burocracia que caracteriza la tramitación de visas y permisos. Ello según información entregada vía el portal de transparencia. De hecho, tampoco existen perfiles de cargos específicos del DEM ni manuales de funciones que informen sobre qué debe hacer un determinado funcionario y cómo debe hacerlo. El DEM funciona, en definitiva, “de manera bastante artesanal”, resume Alexis Aguirre, ex funcionario del organismo y actual abogado del INDH.

En este panorama organizacional, un permiso laboral demora aproximadamente dos meses en ser emitido luego de haber presentado la solicitud de visa. Durante esa espera, muchas personas pierden las oportunidades que encuentran o terminan trabajando de manera irregular.

En cuanto a las visas, éstas pueden demorar hasta 8 meses en ser tramitadas. En la mayoría de los casos detectados, la principal vulnerabilidad asociada a esta espera, según la experiencia de los entrevistados, se ve reflejada en amenazas de despido injustificado. Es por ejemplo el caso de Joel, quien asegura que, a pesar de contar con su permiso laboral y una visa en trámite, “me dicen muchas veces que si no llevo los papeles [visa], me van a botar del trabajo”.

Según la Dirección del Trabajo, un empleador no puede despedir a sus empleados porque no tengan aún su visa. Jorge Guzmán, jefe del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, explica: “si a algún empleador se le viene a ocurrir una fórmula distinta para despedir a un trabajador extranjero, ese trabajador está mal despedido, porque no existe causal que diga “’te voy a despedir porque no has regularizado tu situación migratoria’”.

Ahora bien, independientemente de la ilegalidad del acto, en los hechos, según esta investigación, los inmigrantes sí son despedidos y amenazados de despido debido a las demoras en la tramitación de sus visas. Según datos de la Corporación de Asistencia Judicial, los casos de despido injustificado son mayoritarios entre las causas atendidas por la Oficina de Defensa Laboral.

Conscientes de este vínculo entre la condición administrativa y los abusos laborales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos recomendó al Estado de Chile, en su informe anual de 2011, “impulsar una fiscalización activa que prevenga la vulneración de derechos de la población migrante, particularmente aquella que no tiene su situación migratoria regularizada”. Cinco años después, en su informe anual de 2016, el mismo organismo aseguraba que, “a pesar de haberla solicitado, el INDH no cuenta con información relativa al desarrollo de una fiscalización activa por parte del Estado”.

Ahora bien, las fiscalizaciones, aunque sean aplicadas de manera correcta, se generan a partir de una denuncia realizada con anterioridad ya sea por los mismos empleados o por terceros. Sin embargo “lo que nosotros pesquisamos es que los trabajadores extranjeros no se acercan tanto al Estado”, asegura Jorge Guzmán.

Angeline, quien vive hace varios años en Chile y ha orientado a muchos otros haitianos en su inserción en Chile, explica que las personas “tienen miedo de hacerlo, porque ‘como recién entré a trabajar, todavía no tengo carnet, así que… no, no voy a hacer eso’”. En otros términos, si las personas están en una situación de vulnerabilidad, debido a su estatus administrativo, son pocas las probabilidades de que se realicen denuncias que desencadenen fiscalizaciones.

Por otro lado, la Unidad de Relaciones Internacionales y Trabajo Migrante de la Dirección del Trabajo (encargada de atender, entre otras cosas, los casos de vulneración de derechos) no está enterada de cómo funciona el proceso de regulación migratoria. “Nosotros no tenemos que ver con la situación migratoria de los trabajadores, absolutamente ninguna”, se justifica la coordinadora de la Unidad, Ana Bell. Ello, justo luego de confesar desconocer si un extranjero requiere o no de un carnet para poder ejercer una actividad laboral.

A falta de instituciones buenas son las personas

Hoy en día no hay manera de obtener información clara e inequívoca sobre los trámites que debe realizar un inmigrante. Si bien la información más importante está en la página web del DEM, los procedimientos discrecionales, como las solicitudes de contratos con vigencia de un año, invalidan cualquier comunicado emitido por el organismo.

A falta de institucionalidad, quedan las personas. La información sobre el proceso administrativo, que manejan las 20 personas provenientes de Haiti entrevistadas para esta investigación, está en efecto determinada principalmente por la experiencia que tuvieron sus pares en dicho proceso. El problema es que “cada persona tiene una información diferente”, explica Fritz. Ello pues cada quien tiene una experiencia distinta del proceso administrativo, debido a la discrecionalidad con la que actúan los organismos del Estado. Se crean así redes de información falsa o inexacta, llevando inevitablemente a la toma de malas decisiones.

Joe, por ejemplo, es un joven haitiano recién llegado a Chile. Tiene un capital de más de 2 mil dólares ($1,2 millones) para instalarse en el país, un nivel educacional escolar completo y posee una tarjeta de turista vigente. Joe tiene, por ende, buenas condiciones para encontrar un empleo. Pero Joe no tiene por ahora visa, permiso de trabajo ni mucho menos un carnet de identidad. Por ende, éste cree falsamente estar en situación irregular, desconfía de las instituciones del Estado debido a la experiencia de otros connacionales y considera viable la compra de un contrato simulado.

Ahora bien, los inmigrantes no son los únicos desinformados respecto de los procedimientos administrativos vinculados con la obtención de permisos y visas. Los empleadores también lo están. Prueba de ello es la exigencia contradictora y no justificada del carnet de identidad.

A pesar de la falta de información de los empleadores respecto del marco legal y administrativo para emplear extranjeros, no existe evidencia que nos permita suponer que éstos son, efectivamente, un objetivo en la comunicación del DEM, PDI o del Ministerio del Trabajo.

Mercado negro de habitaciones

Distintas investigaciones académicas concuerdan en que existiría una relación causal entre la dificultad en el acceso a un permiso de trabajo y la vulnerabilidad habitacional. No es extraño, en este sentido, observar que la mayoría de las personas que residen en viviendas colectivas clandestinas se encuentra en una situación administrativa similar a Estanel: sin acceso a una visa por no tener un empleo, y sin empleo por no tener una visa.

En calle Santos Dumont, en una de las comunas céntricas de la capital, un portón de más de dos metros de altura, con un cartel de lavado de autos, sirve de fachada para una vivienda colectiva clandestina donde viven aproximadamente 200 personas al interior. A excepción de una veintena de peruanos, todos son provenientes de Haití.

Con tablas de cholguán y aglomerado, el galpón fue dividido en dos pisos y éstos a su vez en decenas de cubículos que en su mayoría no superan los dos metros cuadrados. En cada uno de éstos duermen en promedio 3 personas sin calefacción ni luz natural y con instalaciones eléctricas improvisadas. En total se contabilizan 6 baños y 4 espacios para ducharse, sin agua caliente. Los baños hieden y hay filtraciones de agua, lo que acentúa el frío y la humedad. No hay suficientes contenedores de basura, hay cocinas en los pasillos y el lugar está infestado de ratas.

Para ingresar al mercado habitacional regular se solicita, en general, ingresos mensuales que tripliquen el monto del arriendo, un contrato de trabajo indefinido y un mes de garantía. Igualmente, es común oír testimonios en dónde la cédula de identidad es un requerimiento del arrendador.

Sin más opciones, muchos deben entonces conformarse con habitaciones como las de Santos Dumont, cuyos costos varían entre 100 y 120 mil pesos mensuales. No hay hasta la fecha investigaciones que permitan proyectar el tamaño de este mercado negro habitacional en términos monetarios, pero las ganancias podrían ser millonarias. Juana, la arrendadora de Santos Dumont, tendría una ganancia que iría de 7 a 8.4 millones de pesos mensuales, por el arriendo de las 70 habitaciones clandestinas.

Santos Dumont es uno más de los muchos lugares que hoy en día forman parte del mercado negro de habitaciones, formado principalmente para captar inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Hombres jóvenes en su mayoría, pero también mujeres embarazadas y niños viven así hacinados en espacios insalubres, en condiciones significativamente inferiores a las que tenían en Haití.

El camino por recorrer

La ineficacia del DEM y la exigencia injustificada de contratos y vigencias específicas para la tramitación de visas y permisos de trabajo dificulta considerablemente el acceso al mercado laboral de los inmigrantes en Chile. Junto con ello, la desinformación entre los empleadores, quienes solicitan documentos que los postulantes no pueden entregar, complejiza aún más el panorama.

Realizar cambios en estos dos aspectos permitiría romper con el círculo vicioso en que se encuentra Estanel y muchos otros inmigrantes. Ello permitiría que, al menos, su inserción laboral se lleve a cabo de la manera en que teóricamente está normada.

El presidente Sebastián Piñera anunció un paquete de nuevas visas y la creación de un Servicio Nacional de Migraciones. Superar las deficiencias del DEM es una necesidad mayor para asegurar el éxito de esta nueva institución: eliminar las solicitudes arbitrarias, reducir los tiempos de tramitación, generar una comunicación certera y efectiva con empleadores e inmigrantes y coordinarse con las diferentes entidades del Estado. De no ser así, seguirá habiendo grandes dificultades en la inserción laboral de los inmigrantes, lo que podría impactar también en las condiciones de vida de miles de familias en Haití.

Las deudas del proyecto migratorio y el cuidado de los hijos de quienes se han ido han aumentado los gastos mensuales de estas familias; muchas podrían incluso perder la casa hipotecada. Acceder al mercado laboral en Chile es una necesidad para aquellos que esperan ansiosos en Haití que la situación mejore, lo antes posible, por el bien de todos.

Puedes acceder a una versión extendida de este reportaje en el sitio web de Fundación Carre.re

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Con el apoyo de Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES)

Investigación: Cristián Carrere, Michelle Carrere y Paulina Aldana
Fotografías: Cristóbal Olivares y Danny Alveal
Video: Michelle Carrere
Fixer en Thomassique, Haiti: Potchy Nicolas

Especial agradecimiento a las familias Adonna, Nicolas y Decelien.