En la hora 11, la expresidenta Michelle Bachelet y la exsubsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, ingresaron a la justicia una denuncia para investigar cerca de 30 mil casos de torturas, registrados durante la dictadura de Augusto Pinochet, no sin antes relevar una nueva polémica con el exministro de Justicia, Jaime Campos.
“Está claro que en los próximos cuatro años no iba a haber un impulso del actual Gobierno en esta materia y me sentí con la responsabilidad de hacerlo”, dijo Fríes al diario El País, confirmando que la acción fue presentada ante los tribunales a través del mecanismo de la denuncia “porque no tenía facultades para iniciar una querella”.
La presentación ocurrió el sábado 10 de marzo, un día antes que Bachelet dejara La Moneda y busca que la justicia investigue 30 mil casos denunciados ante la Comisión Valech, y que fue aceptada por el ministro Mario Carroza quién investigará cada una de las presentaciones.
Sin embargo, y como los antecedentes fueron declarados secretos por 50 años, será el Instituto Nacional de Derechos Humanos, custodio de los testimonios, el que deberá decidir si hará una sola entrega o bien, revisará caso a caso.
Asimismo, Lorena Fríes explicó que la decisión de llevar la denuncia hasta el último día del gobierno se debió a que “tuvimos bastantes dificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura”.
En esta línea aclaró que las tratativas iniciales buscaban la creación de una comisión permanente que investigara los testimonios rechazados por la Comisión Valech 2, sin embargo, el exministro de Justicia, Jaime Campos, no firmó el decreto.
“La autoridad (Campos) no firmó el decreto, con lo que estos planes no se pudieron echar a andar. Esto estaba listo para noviembre. En diciembre señaló que desde el Ministerio del Interior no le daban el pase y finalmente tuvimos una reunión con los expresos políticos el 29 de enero donde se cerró la mesa de negociación y se acordó que se iba a avanzar, que no había razones para no firmarse el decreto. Aun así, no se firmó. Y quien tenía que firmar era Campos”, explicó Fríes.