Un importante revuelo causó el nombramiento del exfiscal de O’Higgins, Luis Toledo, como notario de la comuna de San Fernando, en medio de cuestionamientos por presuntas presiones desde La Moneda.

La decisión del ministro de Justicia, Jaime Campos, causó sorpresa incluso entre los propios involucrados, quienes aseguran haber conocido la información sólo luego del reportaje realizado por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

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La polémica se originó debido a que el secretario de Estado había designado el viernes pasado a Alberto Ortega, defensor público regional de O’Higgins. No obstante, su nombramiento fue retirado de Contraloría a petición de La Moneda, que “recomendó” al fiscal Toledo.

En conversación con BioBioChile, el defensor Ortega evitó entrar en la polémica, pese a reconocer que le causó desazón la noticia.

“En mi calidad de defensor regional sigo siendo funcionario del Ministerio de Justicia, de tal manera que no me corresponde en términos formales criticar o rechazar cualquier actuación que haya hecho el ministro (Campos), en ese sentido hay un respeto a la jerarquía”, aseguró Ortega.

“Si él me debía nombrar y luego retirar mi nombramiento, lo único que le corresponde a un funcionario es simplemente acatar”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que “los cuestionamientos yo se los dejo a la ciudadanía y a la clase política. Prefiero guardar distancia en ese sentido”, concluyó.

Las presiones de La Moneda

Tras conocerse la designación de Toledo, rápidamente un nombre comenzó a repetirse en las conversaciones al interior del Poder Judicial: Mahmud Aleuy, el subsecretario del Interior.

Desde la Subsecretaría del Interior, en tanto, el propio Aleuy negó que se haya involucrado en el nombramiento de Toledo.

Pero según distintas fuentes, el secretario de Estado encabezó las presiones tanto al titular de Justicia, como también a algunos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, para concretar el nombramiento de Luis Toledo.

Si bien es conocida la amistad del persecutor con algunos integrantes del tribunal de alzada, la presión desde el palacio de Gobierno apuntó a los otros magistrados.

Recordemos que las carreras de los funcionarios del Poder Judicial dependen fundamentalmente del Poder Ejecutivo, de esta forma, un abogado que aspire a seguir ascendiendo, debe necesariamente mantener buenas relaciones con el mundo político, que brinda el apoyo -y los votos- para ser elegido ministro de la Corte de Apelaciones y en el mejor de los casos, de la Suprema.

El tema desde un principio generó dudas, debido al tiempo que demoró Campos en definir el cargo, después que se confeccionara la terna en mayo de 2017 -hace 10 meses- y que integraban los notarios de Cochrane, Felipe San Martín, y de San Vicente de Tagua Tagua, Isabel Chadwick; además del fiscal Luis Toledo.

Luego, esta terna original “se cayó” debido a que San Martín fue nombrado en otra notaría. En septiembre, Campos le pide a los ministros que se confeccione una nueva terna, con la esperanza que sacaran a Toledo.

No obstante, los magistrados volvieron a incluir a Toledo, y además sumaron a Alberto Ortega Jirón, quien desde 2008 se desempeña como Defensor Regional de O’Higgins.

Lo anterior, pese a que lo recomendable habría sido realizar una terna nueva, principalmente tomando en cuenta que según el Código Orgánico de Tribunales, se deben postular dos notarios y sólo un abogado, siendo que en este caso en la nómina estaban dos juristas, generándose un vicio.

De esta forma, se sumó un nuevo problema, debido a que la Contraloría General de la República puede perfectamente argumentar este vicio para dejar sin efecto el nombramiento de Toledo.

Recordemos que Toledo encabezó la investigación del Caso Caval hasta 2016, cuando le fue ofrecido por parte de Jorge Abbott el cargo de jefe de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas de la Fiscalía, que era ocupado por Solange Huerta, antes de que ésta recalara en el Sename.

Durante el tiempo que estuvo en el mediático caso que tenía como principal inculpada a la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, Todelo evitó formalizar al hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos, por considerar que no habían antecedentes suficientes para imputarle cargos.

Este antecedente, ha generado suspicacia ante el nombramiento de Toledo, y que era precisamente lo que Campos quería evitar, al ser él quien debía definir el tema y salir a defender al Gobierno de los cuestionamientos que inevitablemente iban a surgir.

Incluso, fuentes cercanas del Poder Judicial revelaron una reunión que sostuvo el secretario de Estado con los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde les reprochó duramente la decisión de insistir en el nombramiento de Toledo, quien habría rechazado el cargo de Fiscal Metropolitano Norte para asumir en la notaría de San Fernando.

Finalmente, el caso quedará en manos del futuro ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien deberá decidir si mantiene el nombramiento, debido a que tiene la capacidad de sacar el decreto y pedir una nueva terna.

El cargo de notario es muy apetecido en el mundo judicial, debido a lo lucrativo que significa y por la estabilidad que ofrece, debido a que prácticamente se aseguran un trabajo hasta los 75 años de edad, con una remuneración millonaria. Si bien no es un monto fijo (va a depender de los trámites, cuyo valor están regulados por ley), lo cierto es que al menos en las comunas más importantes se habla de hasta 50 millones de pesos mensuales.

Por lo mismo, no sería extraño que Alberto Ortega se presente nuevamente al cargo en San Fernando o en alguna otra notaría. Especialmente, debido a que en el caso de volver a ser abogado de la plaza, un defensor público tiene ciertas inhabilidades para desempeñarse de manera particular.