Fue en medio de la tramitación del proyecto de Educación Superior y de cara a la elección presidencial del año pasado, que el Gobierno se comprometió a enviar una iniciativa para reemplazar el Crédito con Aval del Estado a más tardar el 7 de noviembre de 2017.

Sin embargo, cuatro meses después y a sólo días de entregar el poder, la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto para terminar con el CAE, que -entre otros aspectos- saca a los bancos del negocio y establece un cobro contingente al ingreso, como lo resaltó la Mandataria.

En concreto, el nuevo sistema se llamará Cepes y en él se establecerán tres tramos de interés según el nivel de ingreso: quienes reciban un sueldo de hasta 490.000 pesos no tendrán recargo; los que tengan un sueldo de hasta 1,1 millones deberán pagar un interés de 2%; y quienes ganen sobre esa suma tendrán una tasa de 4%.

Dicho anuncio fue considerado una burla por el vocero de la Confech y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Alfonso Mohor, quien agregó que el proyecto es similar a lo que propone el próximo Gobierno.

Si bien la demanda de los estudiantes apuntaba a una condonación total del CAE, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, aclaró que la iniciativa contempla una repactación de la deuda para los morosos y un perdonazo de los intereses.

En cuanto al futuro que tendrá el proyecto en el Congreso, tras el arribo inminente del próximo Gobierno, el senador socialista, Carlos Montes, indicó que habrá que ver cómo funcionan las mayorías en ambas cámaras.

Pese a esta argumentación, lo cierto es que las urgencias de los proyecto de ley las maneja el Gobierno. Y el futuro subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, adelantó que deben estudiar la iniciativa, pero adelantó que sólo la apoyarán si ésta coincide con el programa de Sebastián Piñera.

El proyecto del Gobierno establece además que el nuevo crédito estatal estará disponible para todos los estudiantes que no tengan gratuidad y que su cobertura considerará el valor real de la carrera, donde el Estado se hace cargo del arancel regulado y la diferencia la deberá cubrir la propia institución.