Por unanimidad fue aprobado el proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios, y traspasa la carga de prueba a los emisores de tarjetas de débito y crédito, frente a aquellas operaciones que se realicen con tarjetas perdidas o robadas.

La iniciativa, iniciada en moción de los senadores Manuel José Ossandón, Lily Pérez y Eugenio Tuma, que deberá ser discutida en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, establece que al ser los emisores quienes ofrecen el servicio es responsabilidad de ellos establecer las medidas de seguridad necesarias para resguardar el dinero de los tarjetahabientes.

Asimismo, el proyecto establece responsabilidades a los usuarios, exigiendo que actúen de manera “diligente”, imponiendo un plazo de 30 días para hacer las reclamaciones pertinentes desde el día que se efectúa el o los fraudes.

De igual manera, se establece que las instituciones emisoras estarán prohibidas para salvaguardar esta ley a través de cláusulas obligatorias establecidas en los contratos de servicios bajo los cuales los emisores adquieren una tarjeta de crédito o débito.

En el debate suscitado en la Sala participaron los senadores Juan Antonio Coloma, Eugenio Tuma, Baldo Prokurica, Manuel José Ossandón, Carlos Bianchi, Lily Pérez San Martín, Felipe Harboe, Alejandro García-Huidobro, Rabindranath Quinteros y Alejandro Navarro.

Argumentos

El PPD Eugenio Tuma, por ejemplo, dijo que “este proyecto amplia la protección para los tarjetahabientes, cuántas veces hemos conocido como los emisores le obligan poco menos al usuario tener un seguro contra fraudes, pero si lo que está haciendo el tarjetahabiente es colocar su dinero en una institución que tiene la obligación de proteger”.

“El dinero plástico se ha ido transformando en la mayoría, en la actualidad existen más de 20 millones de tarjetas de débito y 12 de crédito en nuestro país y los fraudes asociados han aumentado en un 60% entre el 2015 y 2016”, argumentó el RN Baldo Prokurica.

Desde Amplitud, Lily Pérez recalcó las desigualdades que argumentan este proyecto. “Los bancos tienen un staff de equipo técnico y jurídico para determinar si hubo una clonación, un ataque cibernético, si fue robada, lo que nosotros estamos haciendo es traspasar la carga de la prueba desde el usuario al emisor, y en segundo lugar estamos dando plazos para que se haga la reversa”.

“Hay que precaver que los bancos no vayan a traspasar los costos a los usuarios y de que no se vuelva una obligación un seguro contra fraude si lo que se está pidiendo es una mayor seguridad de los bancos hacia los usuarios, debiese en mi opinión tener información permanente a los usuarios sobre que instituciones mejor salvaguardan esto a los usuarios”, culminó Alejandro Navarro líder de País.