El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, ha tenido una mala semana. A su fallida candidatura por la reelección, se le suma una investigación en su contra por tráfico de migrantes y cohecho que lleva la Fiscalía Centro Norte.

Según informó La Tercera, el Ministerio Público explicó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que “continuar con el monitoreo de este teléfono del imputado senador Andrés Zaldívar resulta fundamental tanto para acreditar el hecho originalmente investigado de tráfico de migrantes como el de cohecho”.

En concreto, se solicitó extender las escuchas porque se está indagando el posible vínculo del político con el empresario Álvaro Jofré Cabezas, quien ingresó 32 chinos al país entre junio y julio. El principal acusado afirmó que eran sus invitados y se quedarían en un hotel de Santiago. Sin embargo, la PDI lo denunció porque entraron con visa de turistas.

El mismo matutino informó que el fiscal Marcelo Carrasco envió un oficio, en el cual señaló que Jofré “además, se jactaba de tener amistad con gente del Gobierno. Así, el imputado tomó contacto con Rodrigo Sandoval, exjefe nacional del Departamento de Extranjería, y que también se comunicaba con Diego Rivera López, quien actualmente se desempeña como funcionario de planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, ostentando el cargo de primer secretario. A ambos les manifiesta de manera abierta que tenía problemas con el ingreso de los ciudadanos chinos que quería traer al país, lo que estaría siendo obstaculizado en el Consulado de Chile en Shangai”.

Asimismo, se detalló que el empresario “se comunica con el senador Andrés Zaldívar Larraín, quien en al menos en tres ocasiones le indica que se ha contactado con Carlos Appelgreen Balbontin, actualmente director general de Asuntos Consulares e Inmigración, para revisar la gestión que le encomendó, esto es, le habría pedido que revisara la situación de las visas gestionadas por el imputado”.

Junto con ello, el persecutor entregó audios en los que el presidente del Senado hablaba sobre una terna de jueces para un tribunal en Talca y una conversación con el director general de la PDI, Héctor Espinosa, referida a un funcionario.