El ulular de las sirenas y una multitud corriendo en medio del humo de las lacrimógenas, es parte de un cuadro clásico de las manifestaciones. Por lo mismo, cabe preguntarse ¿cuánto gasta el Estado en financiar los elementos disuasivos para controlar las protestas? Sin haberlo anticipado, tardamos casi un año en conocer la información.
El largo camino legal se inició el 23 agosto de 2016, cuando solicitamos a Carabineros de Chile vía Transparencia el “detalle del gasto, licitaciones si las hubiera y registro de proveedores de los elementos disuasivos, bombas lacrimógenas y balines de goma, usados durante manifestaciones”.
Semanas después, el 15 de septiembre, la institución policial contestó al requerimiento, negándose a entregar la información, entre otros argumentos, en que su entrega “produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, particularmente en materias de restablecimiento del orden público”.
Por lo anterior, ese mismo día decidimos presentar un amparo que fue acogido el 20 de septiembre por el Consejo Para la Transparencia, organismo que ordenó a Carabineros entregar la información en un plazo de 5 días hábiles.
No obstante, la institución policial reclamó ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, con lo que el caso se judicializó.
Casi un año después, el 13 de julio de 2017, en fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia, que ordenó a Carabineros entregar el detalle del gasto, licitaciones y registro de proveedores de elementos disuasivos, como bombas lacrimógenas y balines de goma utilizados en control de manifestaciones, pero “sin dar cuenta del volumen y características de los referidos elementos disuasivos”.
Finalmente, Carabineros decidió entregarnos la información, cuya primera parte reproducimos a continuación.
Costos
De acuerdo a la información entregada por la institución policial vía Transparencia, Carabineros ha realizado siete licitaciones en los últimos dos años para adquirir elementos disuasivos, seis de ellas privadas y una mediante trato directo.
De estas licitaciones, tres corresponden a la compra de lacrimógenas. La más cara, fechada el 17 de mayo pasado, es por 135 mil dólares (unos 84 millones de pesos). Le sigue otra del 22 de junio de 2016 por 110.250 dólares (unos $69 millones), y una del 9 de marzo de ese mismo año, por 25.200 dólares (cerca de 15 millones).
Todas estas licitaciones son privadas, es decir, la propia institución “invita” a proveedores para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente, según consigna la Ley 19.886 de Compras Públicas.
Las dos primeras licitaciones corresponden a granadas lacrimógenas, mientras que la última corresponde a líquidos lacrimógenos, elementos por los cuales se desembolsaron en total 270.450 dólares, es decir, unos 169 milones de pesos.
Los riesgos de usar lacrimógenas
A nivel mundial, el gas lacrimógeno es uno de los elementos disuasivos más utilizado para controlar protestas, por sus compuestos que incapacitan temporalmente a los manifestantes causando irritación ocular y del sistema respiratorio.
Si bien existen más tipos, hay tres que son los más conocidos: cloroacetofenona (CN), la dibenzoxazepina (CR) y clorobenzilideno malononitrilo (CS). Este último, es el que actualmente utiliza Carabineros de Chile.
Se trata de un compuesto desarrollado en 1928 por Ben Corson y Roger Stoughton en la Middlebury College, que fue bautizado con las iniciales de sus apellidos (CS). Su creación buscaba reemplazar al peligroso CN, utilizado durante la Primera Guerra Mundial.
Entre sus principales síntomas se cuentan irritación de los ojos, espasmos en los párpados (blefaroespasmo), lagrimeo, irritación de las vías respiratorias y de la piel -especialmente en áreas húmedas-, salivación, secreción nasal (rinorrea), estornudos y tos.
Pero también podría generar dolor y opresión torácica, además de náuseas y vómitos, aumento temporal de la presión sanguínea y frecuencia cardiaca. Asimismo, pacientes con asma podrían presentar una crisis, mientras que los bronquíticos crónicos pueden sufrir bronquitis aguda y bronconeumonia.
El compuesto puede ser utilizado como gas o como solución, con aerosol líquido. Para esto último, se usan solventes como cloruro de metileno, acetona y la metilisobutilcetona, y para los propulsores utilizan butano, dióxido de carbono y el nitrógeno.
Los síntomas aparecen rápidamente 20 o 30 segundos después de la exposición, y tienden a desaparecer hasta media hora después, dependiendo del tiempo en que la persona logre respirar aire limpio.
Por lo general, una granada lacrimógena genera una nube tóxica de entre 6 a 9 metros de diámetro, cuya concentración se reduce rápidamente en la medida que se dispersa. Por lo mismo, si se detona en un espacio cerrado o en racimos, lógicamente los niveles de exposición, no de concentración, serán mucho más altos al no existir ventilación, acentuando los síntomas adversos.
De acuerdo al Journal of the American Medical Association, una detonación puede llegar a tener una concentración de entre 2 mil a 5 mil miligramos por metro cúbico, lejos aún de los niveles letales de exposición, que están por sobre los 25 mil según antecedentes publicados en revistas científicas aportados a BioBioChile por el doctor Andrei Tchernitchin, docente de la Universidad de Chile y presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico.
Se considera que una dosis letal provocaría un daño pulmonar que derive en asfixia y una falla circulatoria o que origine una bronconeumonia secundaria.
El polvo derivado de la utilización de la sustancia, por su parte, se puede asentar en el piso y permanecer activo por 5 días.
Además, cuando se calienta, el CS produce cloruro de hidrógeno, óxido de nitrógeno y cianuro. Sin embargo, a concentraciones de hostigamiento, su producción sería excesivamente pequeña y sin ninguna importancia clínica.
Actualmente no hay evidencia científica que demuestre si el CS es cancerígeno, pese a los estudios en ratas realizados por el Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos, de acuerdo a lo publicado por el Departamento de Salud del Reino Unido.
Asimismo, la evidencia descarta letalidad en embriones, mutagenicidad, es decir, alternaciones genéticas, ni teratogenicidad -malformaciones congénitas-, según determinó el Comité de Himsworth, grupo de expertos médicos que realizó un estudio al respecto entre 1969 y 1971, para validar el uso de lacrimógenas. Lo anterior, pese a los reparos de la Sociedad Británica para la Responsabilidad Social en la Ciencia.
En esa misma línea, el Comité del Departamento de Salud del Reino Unido ha expresado su inquietud respecto a la exposición al aerosol CS en los grupos susceptibles.
Estos últimos serían las personas con asma bronquial o alguna enfermedad obstructiva crónica de las vías aéreas, y quienes sufren de hipertensión u otra enfermedad cardiovascular.
Lo anterior, tal como sucedió en Valdivia en septiembre, cuando una participante en las protestas por la conmemoración del 11 de septiembre quedara internada en la UCI del hospital en riesgo vital, debido a una grave intoxicación con gas lacrimógeno, el cual acentuó una patología anterior que sufría.
¿Cómo atender a una persona afectada por gases lacrimógenos?
Según la guía elaborada por la Organización Mundial de Salud, Respuesta de la salud pública a las armas biológicas y químicas, lo primero es retirar al paciente de la fuente de exposición, y que respire aire fresco.
Luego, si los síntomas se mantienen, se recomienda la irrigación de las áreas afectadas con agua tibia, por lo menos durante 15 minutos. Cualquier partícula depositada en los ojos después de la evaporación del solvente debe lavarse con cantidades abundantes de agua tibia durante 15 minutos o más, señala el documento.
No obstante, advierte que en algunos casos el contacto breve con agua hidroliza el CS y puede agravar los síntomas de quemadura. “Se puede usar agua y jabón para lavar la piel, pero debe ser seguida de irrigación con agua tibia durante 15 minutos”, agrega.
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“Las soluciones salinas o débiles de ácido bórico pueden aliviar los síntomas oculares y las lociones calmantes como la calamina se pueden usar sobre la piel lesionada. Los apósitos húmedos que permiten que haya evaporación, pueden calmar la piel. Los apósitos se deben cambiar cada 2 a 3 horas. Cualquier infección de la piel se debe tratar con antibióticos”, indica la OMS.
¿Quién autoriza las lacrimógenas?
En nuestro país, el uso de las lacrimógenas está regulada por la Ley de Control de Armas, donde se prohíbe su uso y comercialización a particulares, quienes sólo pueden adquirir elementos elaborados sobre la base de productos naturales como extracto de ají y pimienta.
La prohibición no corre para las Fuerzas Armadas y Carabineros. Mientras que la Policía de Investigaciones, Gendarmería y la Dirección General de Aeronáutica Civil, estarán exceptuadas según la cantidad que autorice el ministro de Defensa, a proposición del director de la respectiva institución, de acuerdo a la legislación.
Asimismo, el texto legal indica que “estas armas y elementos podrán ser utilizados en la forma que señale el respectivo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional”.
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En otras palabras, no especifica la forma en la que podrían ser utilizados, de ahí entonces que sea común su uso durante los periodos de instrucción en las distintas escuelas matrices, según consta en videos publicados en redes sociales.
El protocolo para gasear a manifestantes
En el caso de la policía uniformada, existe un documento titulado “Protocolos para el mantenimiento del orden público” de diciembre de 2012, en donde está especificado el “empleo de disuasivos químicos”.
De acuerdo a dicho protoloco, los vehículos lanza gases pueden entrar en operación sólo en caso que los vehículos lanza aguas no logren por completo el objetivo de dispersar una manifestación.
No obstante, lo primero que debe determinar su autorización, es que deben existir alteraciones al orden público. En ese sentido, quien es responsable de su utilización y el motivo -como la protección del personal que está siendo agredido y sobrepasado violentamente o con el fin de evitar un mal mayor- es el jefe de servicio.
Este último, además, debe observar el espacio físico donde se va a hacer uso del gas, si es un espacio abierto o cerrado, y la dirección del viento, por ejemplo.
Luego, se sugiere hacer advertencias a través de altavoces antes de usar los disuasivos químicos, teniendo especial cuidado con el uso de los líquidos CS.
“El uso de agua con líquido C.S., sólo se utilizará con manifestantes que desobedezcan en forma violenta o agresiva las contenciones, despejes o detenciones, o se estén cometiendo graves alteraciones al orden público, con el fin de evitar el contacto físico y enfrentamientos directos o acciones de violencia”, indica el documento.
Asimismo, el protocolo establece que “en el sector central de las ciudades estará restringido el uso de dispositivos lacrimógenos de mano y cartuchos lacrimógenos”, los que sólo se utilizarán frente a “necesidades imperiosas y luego de haber utilizado los demás medios dispersores”.
En ese sentido, se explicita que los gases se deben usar gradualmente dependiendo de la actitud de los manifestantes. Además, se pide tener especial cuidado del entorno, sobre todo en el caso de existir centros de salud y establecimientos educacionales.
En este punto, entraría en juego la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en donde estipula que “deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental (…) la aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas”.
Por lo mismo, consultamos a Carabineros respecto a si el uso de lacrimógenos ha sido sometido a estudios de impacto ambiental, y también respecto a la regulación y fiscalización de su uso, información que quedó pendiente de entregar, al igual que la eventual existencia de registros de reclamos o sanciones por mal uso.
Similar situación, ante la consulta si se utiliza el CS para la instrucción y las evaluaciones médicas y psicológicas a efectivos de Fuerzas Especiales.
Según justificó la institución policial a BioBioChile, el uso de este tipo de disuasivos químicos “tiene como objetivo el restablecimiento del orden público quebrantado, en manifestaciones violentas y/o agresivas, para la protección de la ciudadanía en general”.
Lo anterior, amparados en un estudio realizado por el Instituto de Salud Pública (ISP) de 2011, que estableció en sus conclusiones que el empleo de estos gases no tienen otros efectos más que el de generar irritaciones generales, principalmente en zonas mucosas.
Sin embargo, Carabineros advierte que “la decisión del uso de disuasivos químicos es el último recurso para el control del orden público, decisión que se adopta en las condiciones ambientales y tácticas adecuadas. No obstante lo anterior, su uso, se encuentra supeditado a lo tipificado en el Manual de Operaciones para el Control del Orden Público, en donde se establecen criterios tácticos de uso”.
INDH: “Hay que reevaluar los riesgos”
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no son ajenos a lo que sucede cada vez que hay manifestaciones, en donde generalmente se utilizan gases disuasivos.
Por lo mismo, en abril de 2017 enviaron un oficio a Carabineros para indagar respecto del disuasivo químico.
Según Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica y Judicial del INDH, la policía uniformada respondió enviando los mismos antecedentes que entregó a BioBioChile, para justificar su uso por parte de Fuerzas Especiales.
“Como INDH hemos recomendado a Carabineros una reevaluación de los riesgos para la salud de la población civil por la exposición al gas lacrimógeno, y también hemos insistido en que tienen que utilizarse en situaciones muy excepcionales que justifiquen evitar alteraciones muy graves al orden público, no en cualquier manifestación o disturbio”, aseguró Bustos.
En ese sentido, desde el INDH detallan que su uso debiera estar precedido de avisos formales que den oportunidad a las personas de evacuar la zonas, sin provocar situaciones de pánico o estampidas. A lo anterior se suman las normas del derecho internacional, que prohíbe usar estos gases en espacios cerrados o frente a personas que no tienen una vía de evacuación.
Por otro lado, Bustos afirmó que han instado a Carabineros a desarrollar pautas de atribución de responsablidades por el uso incorrecto por el uso de gases disuasivos.
No obstante, la mayor dificultad es que no hay alguna norma global que prohíba su utilización. Por lo anterior, sólo queda hacer recomendaciones para velar por la integridad de la población.
“Desde el derecho internacional de derechos humanos, lo que se plantea no es la prohibición absoluta de utilizar gases lacrimógenos, pero si que sea extremadamente excepcional porque este tipo de arma puede tener impacto en las personas”, señaló.
“Debiera haber un análisis continuo sobre el impacto en la salud que tiene este tipo de componentes”, sentenció Bustos.
Por lo anterior, el organismo se ha organizado a través de observadores, tanto de la sociedad civil, como del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para conocer en terreno eventuales vulneraciones, teniendo incluso la posibilidad de subir a los carros policiales y entrar a las unidades para conocer el estado de salud de algún detenido.
De esta forma, y ante la ausencia de alternativas para controlar manifestaciones violentas con otro tipo de disuasivos, sólo queda apelar a su uso racional por parte de Carabineros, y de la fiscalización ciudadana, fundamentalmente.