El Congreso sigue remeciéndose ante nuevas informaciones que agudizan los cuestionamientos a las asesorías externas que se cancelan con asignaciones parlamentarias, fondos públicos otorgados a ambas cámaras para estos fines.

Al reportaje de Bío Bío que reveló pagos por informes copiados de información pública disponible en internet, se suma el trabajo de Ahora Noticias que mostró cómo estos reportes plagiados se replican de un parlamentario a otro y cómo estos dineros, que suman cifras millonarias, van a parar a institutos políticos vinculados con los distintos partidos.

Este jueves, mientras en el hall de la Cámara de Diputados los legisladores evitaron las mismas entrevistas que otros días esperan, el Senado se empeña en obstaculizar las investigaciones de todos los organismos que desean fiscalizar estas asesorías.

Honorables senadores

Son 1.400 millones de pesos anuales lo que senadores gastan por concepto de asesorías externas. Platas pagadas por trabajos que en algunos casos sólo se limitan a cambiar el mes del informe presentado.

Sin embargo, estas suspicacias -ahora públicas- no son argumento suficiente para que la Cámara Alta permita la investigación de los contratos y los reportes que unen a cada senador con los institutos que los asesoran mes a mes por montos que irían entre los 200 y 300 mil pesos por cada uno de ellos.

El senado se negó en tres ocasiones a entregar esta información solicitada vía transparencia pública por Ahora Noticias y presionó al fiscal nacional, Jorge Abbott, para que instruyera el cese de la investigación que pretende llevar a cabo la Fiscalía Oriente, argumentando que el Ministerio Público excede sus atribuciones con ello.

A las negativas anteriores se suma una tercera, frente al Comité de Auditoría que es un órgano de control interno del uso de fondos públicos, del propio Congreso. El organismo pretendía realizar fiscalizaciones sorpresa al uso de asignaciones parlamentarias.

Honorables diputados

La Cámara gasta 3.300 millones de pesos anuales en asesorías externas y ya envió copia de contratos e informes a la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, del mismo modo permitió la fiscalización del Comité de Auditorías del Congreso, marcando con estas decisiones una importante diferencia con sus colegas del Senado.

Los pocos diputados que quisieron enfrentar a los medios hoy, coincidieron en un aspecto: el desconocimiento respecto de posibles plagios en los informes que reciben y pagan mes a mes.

Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, advirtió que no tiene por qué creerle a Ahora Noticias, pero intentó dar una explicación de estos informes replicados que, respecto su conglomerado, elabora el Instituto Alejandro Lipschutz.

En la otra esquina política, la UDI ocupa el mismo modo de operar, pero a través de la Fundación Jaime Guzmán, quien replica y copia informes para parlamentarios gremialistas. El diputado David Sandoval aseguró que es normal que una institución dé la misma opinión sobre un tema a distintos diputados.

El socialista Osvaldo Andrade -quien además fue presidente de la Cámara el año pasado y que tomó medidas de restricción presupuestaria con el fin de abordar la nueva cantidad de parlamentarios- indicó que deben investigarse las responsabilidades de los asesores y de los parlamentarios. Defendió, además, el trabajo hecho por el Instituto Igualdad, organismo “a cargo” de los informes del PS.

Diputados han hecho un llamado a distinguir entre las asesorías institucionales y asesorías individuales, ya que las primeras son normalmente replicadas a varios legisladores sin constituir una acción cuestionable. Por lo que, indican, respecto a este punto es necesario esperar el resultado de las investigaciones.

Limitación de asesores externos

Sumando gravedad a las irregularidades existentes en las asesorías externas que se efectúan a los legisladores chilenos, el diputado Gaspar Rivas dijo a Radio Bío Bío que los legisladores están limitados por el Congreso a la hora de elegir por quién asesorarse.

Lo anterior, debido a que el propio organismo -dijo Rivas- entrega un listado de personas o instituciones adecuadas, idóneas, para asesorarlos. El parlamentario recordó además que en algunos casos este listado ha incluido personas que ostentan títulos profesionales que no poseen.

Por último, cabe mencionar que mediante un comunicado la Cámara de Diputados aseguró que está desarrollando un plan de control de los recursos asignados a cada parlamentario, “velando por el correcto uso de los mismos”.