El Gobierno ingresará al Congreso en casi un mes más el proyecto de ley del Presupuesto 2018, donde se contempla el aumento en la cobertura de la gratuidad para la educación superior, llegando hasta el 60% de los estudiantes más vulnerables.

Este año, la asignación de recursos para la política pública llegó a los $748 mil millones, beneficiando a más de 262 mil estudiantes de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

Debido a la cantidad de recursos comprometidos, el contralor general de República, Jorge Bermúdez, anunció a principio de año que el organismo fiscalizaría el uso de estos dineros, ya que un número importante de planteles privados adscribieron al beneficio.

Sin embargo, el contralor acusó que a la fecha existen varias universidades privadas, dentro y fuera del Consejo de Rectores, que no han entregado toda la información requerida por el organismo.

El vicepresidente ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, destacó la labor de la Contraloría y aseguró que durante su exposición por el proyecto de Educación Superior, ante la Comisión de Educación del Senado, solicitó a los parlamentarios que colocarán nuevas exigencias para que las instituciones puedan adherir a la gratuidad.

El rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Ennio Vivaldi, avaló la fiscalización que lleva adelante la Contraloría y destacó la transparencia con que actúan los planteles estatales en esta materia.

En la actualidad, son 32 las universidades que se encuentran adscritas a la gratuidad de las cuales 18 son estatales y 14 privadas.