Este martes, la Justicia decidirá si otorga un mayor plazo de investigación en el caso del millonario desfalco en Carabineros, donde la Fiscalía requirió extender las pesquisas por sobre los cuatro meses que se cumplieron el pasado 19 de julio.
Los alegatos se realizarán en el Séptimo Tribunal de Santiago donde, a partir de las 09:00 horas, 17 personas más serán formalizadas en una indagatoria donde se estima un monto defraudatorio de casi 26 mil millones de pesos.
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Uno de los argumentos que presentará el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, para sustentar la necesidad de un mayor plazo, serán las nuevas aristas que han surgido.
Así lo confirmaron fuentes de Radio Bío Bío quienes indicaron, además, que se hará valer la nueva línea de la indagatoria donde se revisan las cuentas o convenios en el departamento de Bienestar y la Mutual de Carabineros, respecto a posibles irregularidades en el otorgamiento de créditos de consumo y créditos habitacionales.
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El pasado viernes, el fiscal interrogó como imputado al general de Bienestar, Manuel Letelier, a quien la Unidad de Análisis Financiero reportó por una operación sospechosa de 500 millones de pesos.
Debido a que recién se abre esta nueva “caja de Pandora” en la causa, el fiscal pedirá mayor plazo de investigación, junto a otros argumentos relacionados con la magnitud que ha alcanzado el caso, con 105 formalizados.
El abogado Roberto Navarro, defensa del excoronel e imputado, Arnoldo Riveros, dijo que el Ministerio Público confunde una asciación ilícita con las jerarquías propias al interior de una institución como es la policía uniformada.
El fiscal, por su parte, sostuvo que sí hubo una presunta organización criminal en la institución, donde además investiga una posible obstrucción a la Justicia.
En esa línea, cuestionó que recién el viernes la defensa del imputado, el mayor en retiro, Nelson Valenzuela, entregara un pendrive con información de Carabineros, soporte digital que el exfuncionario policial mantenía en su poder pese a que ya no era parte de Carabineros.
La Fiscalía no descarta utilizar el máximo legal de dos años para indagar el fraude en la institución, sobre todo por el gran número de aristas que se han abierto en la causa.