Más de veintitrés horas duró la sesión de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados en la cual se discutió, votó y tramitó el Proyecto de Educación Superior.

A grandes rasgos, la iniciativa garantiza la gratuidad y estipula cómo se llegará a la universalidad de ésta, a través del PIB tendencial establecido por el Gobierno.

También da garantía respecto del nuevo sistema de acreditación y las modificaciones que se realizarán para establecer la forma en la cual las instituciones de Educación Superior podrán seguir funcionando dentro del sistema.

Además, el proyecto da término a los resquicios para que ciertas instituciones puedan hacer retiro de utilidades, más conocido como “lucro”.

La iniciativa tiene que pasar a la comisión de Hacienda e ir a la Sala de la Cámara de para poder ser aprobada y llegar al Senado.

Los diputados urgieron a que la misma celeridad que se le solicitó a ellos, se le solicite a la Cámara Alta, porque “en el Senado los tiempos son diferentes y el gobierno no pone presión para que este proyecto vea la luz en esta administración”, postularon los integrantes de la comisión.

Crédito con Aval del Estado

En la instancia se pactó la derogación del Crédito con Aval del Estado (CAE), dejando como fecha máxima el 1 de enero de 2019 para que éste deje de funcionar.

“Fue precisamente la razón más tensionante para que esto pudiera seguir legislándose y el Gobierno ni siquiera fue capaz de cumplir esa promesa”, precisó el diputado Giorgio Jackson (Revolución Democrática).

Desde el Gobierno no están contentos con esta medida e indicaron que harán reserva de constitucionalidad para bajar esta indicación.

“El Ejecutivo siempre planteó con claridad que no quería generar ese vacío y que sí se comprometía a enviar un proyecto de Ley y ponerle fecha para que el CAE dejara de operar”, señaló la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga.

“Este artículo establece una obligación para el Ejecutivo“, sentenció Quiroga.

Durante la sesión, también se decidió la derogación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).

Acreditación

La comisión estableció que la certificación de las instituciones será obligatoria para su funcionamiento, al igual que la revisión de los postgrados que éstas ofrecen.

La acreditación de las carreras de pregrado seguirá siendo voluntaria, lo que deberá ser tramitado a través de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

En esa línea, ya no existirán las agencias de certificadoras privadas, tema que había sido cuestionado por algunos parlamentarios.

Supuestas arbitrariedades ante la propuesta de adelantar los procesos de certificación a instituciones con antecedentes fundados -y que se sepa que están en crisis- acusó el diputado Romilio Gutiérrez (UDI).

“¿Qué señal de fe pública da eso? ¡Ninguna!”, sostuvo el parlamentario.

Esta facultad que se da a la CNA es mucho más “garantista“, declaró la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien no quiso mencionar de forma explícita los problemas que han tenido con la Universidad Iberoamericana.

La comisión también decidió que las carreras de e-learning deberán ser acreditadas por el organismo y se rechazó la indicación de fijar como piso mínimo 5 años de acreditación, dejando los 4 existentes.

En tanto, se mantiene como 7 años el período máximo que se brindará el beneficio.

Hasta el momento, las únicas carreras universitarias que deben acreditarse por obligación son las del área de Educación y la carrera de Medicina. No obstante, a esa lista se agregaron programas que están en el código sanitario, como odontología, obstetricia y químico farmaceútico.

El proyecto establece que todas las universidades deben ser “complejas“, lo que significa que deberán acreditarse en las cinco áreas que decreta la ley, poniendo énfasis en la investigación.

Gratuidad a instituciones castrenses

“No podemos dejar de lado a más de 16 instituciones de las Fuerzas Armadas que hoy forman a más de 9 mil estudiantes”, dijo la diputada Yasna Provoste (DC) y aseguró que acudirá al Tribunal constitucional si así lo estimara conveniente.

Problemas al interior de la sesión

El diputado Mario Venegas (DC) increpó a su par, el diputado Alberto Robles (PRSD) -quien presidía la sesión- y lo acusó de querer “dilatar” la sesión y de “boicotear” la discusión del proyecto al darle tiempo a cada miembro para que éstos expusieran sus ideal y comentarios.