El abogado Claudio Cofré presentó la acción legal contra todos aquellos que resulten responsables de los delitos de asociación ilícita, malversación de fondos y el delito de falsedad reiterado, por la mala utilización de esos fondos. Además, presume la participación en estos ilícitos del actual general director de la entidad, Bruno Villalobos, de exgenerales directores, entre otros miembros de la institución, así como también de la exsubsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco.

Desde que se destapó públicamente el mega fraude de Carabineros, en marzo pasado, que está cifrado en más de $ 21 mil millones, los efectos colaterales no han cesado al interior de la institución. De hecho, el general (R) Flavio Echeverría, apuntado por el Ministerio Público como uno de los artífices del fraude, en el marco de la colaboración que está prestando para la investigación acusó que existía una malversación aún mayor: el mal uso de los gastos reservados de Carabineros.

En concreto, Echeverría contó que los gastos reservados -fondos que tiene la institución para financiar operaciones de combate al narcotráfico y el pago de información y de agentes encubiertos- había sido utilizado por el Alto Mando para pagar sobresueldos a personal de la institución y a autoridades de Gobierno, entre ellas, la exsubsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco. Tras su declaración el Ministerio Público abrió una investigación en relación a esta arista, la que es liderada por la fiscal Centro Norte, Macarena Cañas.

En medio de este complejo panorama, ayer, el abogado y ex miembro de Carabineros, Claudio Cofré, presentó una querella por los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos y el delito de falsedad reiterado contra todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, de haber mal utilizado los gastos reservados, gastos de representación y las asignaciones de navegación terrestre, naval y aérea (revisa acá la querella).

Según consigna el documento, ingresado por Cofré ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, “los montos de gastos reservados, de representación y de pagos de transporte aéreo, terrestre o naval, superan con creces los $ 18 mil millones de pesos, entre los años 2009 y 2017”. De ese total, la mayor parte está conformada por los gastos reservados.

La acción legal también presume la participación en los presuntos ilícitos del actual general director de la entidad policial, Bruno Villalobos, de exgenerales directores y de la exsubsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, entre otros. Lo anterior, basándose en las actas emanadas del Departamento de Control y Finanzas, dependiente de la Dirección de Finanzas de la institución, correspondientes a diciembre de 2009, que darían cuenta que estas personas habrían recibido dinero proveniente de los gastos reservados, a modo de sobresueldos.

Así, acusa que ese mes Bruno Villalobos habría recibido $ 512.000, mientras que los exgenerales directores habrían obtenido los siguientes montos: Eduardo Gordon, $ 1.410.000 y Gustavo González Jure, $ 1 millón. Además, aparecen supuestos pagos a otros generales, entre ellos, a Eduardo Vera Altamirano ($ 507.000), Aquiles Blue Rodríguez ($ 650.000) y Samuel Cabezas Fonseca ($ 507.000), así como también al general (R) Flavio Echeverría, actualmente en prisión preventiva por el mega fraude. En tanto, Javiera Blanco aparece recibiendo un presunto pago por $ 500.000.

“Como usted podrá ver, dicha estructura para disponer de los gastos reservados, estaba conformada como una pirámide teniendo como jefe máximo todos los ex generales directores de Carabineros, incluyendo el actual y como segundo de abordo los ex directores de Intendencia y el actual director hoy en prisión preventiva, los cuales conformaban estos listados enormes de beneficiarios, distribuyéndolos a la diferentes altas reparticiones y reparticiones”, detalla la querella.

El documento añade que los dineros no se destinaban a “cualquier beneficiario, sino que aquellos privilegiados, regalones o abonados como se dicen en el vocabulario Institucional y en particular a los diferentes prefectos de las reparticiones del país, en general a oficiales generales que fuesen útiles para los mandos, y que conformara parte de una cofradía, conformándose una especie de hombres leales a los mandos por tal digno premio”.

En este sentido, hace énfasis en que ninguno de los mencionados puede justificar que los dineros recibidos los utilizaron para operaciones de gran o menor envergadura, operaciones especiales encubiertas, de pagos de agentes, espías, entre otros, que son los fines para los cuales se destinan los gastos reservados.

Los otros “gastos”

La querella presentada por Claudio Cofré también apunta hacia los gastos de representación y las asignaciones de navegación aérea, naval o terrestre, que habrían sido mal utilizados de la misma forma que los gastos reservados.

Respecto al primero, señala que “se distribuían de manera discrecional a determinados oficiales generales y superiores, como una forma de retribución de sobresueldo o mejoramiento de remuneraciones. Esto sobre la base de que dichos actos no podían ser fiscalizados y su justificación al igual que los gastos reservados, están dados sobre antecedentes o documentos falsificados para al menos establecer aquel gasto que por cierto no se hacía o se destinaba para otras circunstancias de índole familiar o personal y no del servicio”.

El documento agrega que “no siendo menores, los gastos aéreos o asignaciones de navegación aérea, naval o terrestre, malversados, destinados o entregados como pago de sobresueldos, abultados con el objeto de cumplir la finalidad que era precisamente la de premiar a todos aquellos que conformaban los determinados grupos de privilegiados”.

Pese a ello, lo más grave de la situación, prosigue el relato de la querela, “es que aquellos dineros jamás eran gastados, ni se justificaba un gasto de transporte determinado, sino que era derechamente para mejoramiento de remuneraciones lo que indica que además se falsificaron los documentos para la obtención de determinados recursos fiscales destinándolos finalmente a otras actividades personales y familiares”.