El Gobierno de Australia rechazó este miércoles desclasificar documentos sobre su presunta participación en el golpe de Estado de 1973 en Chile. El Ejecutivo defendió su posición durante la vista ante el Tribunal de Apelaciones Administrativas (AAT, siglas en inglés).
El caso, que no es judicial, aborda asuntos gubernamentales y enfrenta al exoficial de inteligencia militar australiano Clinton Fernandes y al director general de los Archivos Nacionales de Australia, David Fricker.
Las vistas que se extienden hasta el viernes serán en su mayor parte a puerta cerrada debido a que la fiscal general, Michaelia Cash, señaló en una orden emitida el 25 de mayo que los testimonios de asuntos “confidenciales” en el caso “perjudican a la seguridad, defensa y relaciones internacionales” de su país.
Fernandes pidió al AAT que Fricker haga público parte o la totalidad de los documentos sobre la actuación de Australia en el derrocamiento de Salvador Allende.
A pesar de que Estados Unidos desclasificó hace dos décadas documentos secretos sobre cómo encubrió y apoyó al régimen de Pinochet (1973-1990), aún quedan muchas interrogantes sobre la actuación de su socio, Australia, en la antesala del golpe que tumbó al presidente socialista.
Las preguntas llevan décadas sin respuesta debido a los mecanismos legales que tiene el país oceánico para proteger sus secretos ilimitadamente.
Asunto de interés público para Australia
Hasta ahora, se sabe que Australia había enviado a Chile en 1971 a agentes de los Servicios Secretos Australianos de Inteligencia (ASIS, por sus siglas en inglés), durante el gobierno del liberal Billy McMahon, a petición de Washington, pero el laborista Gough Whitlam (1972-73) ordenó la retirada de estos uniformados del país sudamericano.
Sin embargo, al menos un agente de ASIS se quedó en Chile hasta después del golpe, mientras que algunos oficiales de la ASIO (la agencia de inteligencia australiana) trabajaron como agentes de inmigración encubiertos y ayudaron a la CIA estadounidense antes del golpe, según recuerda la revista política Crickey.
“Muchos australianos tendrían derecho a expresar su legítima preocupación si se descubriera que (los servicios de inteligencia australianos) ASIS o ASIO cooperaron con Estados Unidos, Reino Unido o los servicios de inteligencia chilenos durante el régimen de Pinochet”, argumentó Fernandes en un documento presentado ante la AAT.
Fernandes considera que la colaboración pudo darse, “por ejemplo, ayudando a crear lo que la CIA llamaba un ‘clima golpista’ para destruir la economía y animar a los militares chilenos bajo el mando del general Augusto Pinochet a dar el golpe de Estado”.
“Estos crímenes están lejos de ser triviales; en un país con una población de 10 millones en 1973 hubo unos 4.000 casos de muerte o desaparición por parte del régimen, además de 150.000 a 200.000 casos de detenciones políticas y unos 100.000 casos creíbles de tortura”, apuntó el académico y experto en relaciones internacionales en su texto.
En la vista a la que tuvo acceso virtual la agencia de noticias Efe, el abogado de Fernandes, Ian Latham, dijo que la desclasificación de estos documentos es “de interés público” porque “llenarán algunos de los vacíos históricos” en Australia. Asimismo, Latham remarcó que su cliente no desea revelar el nombre de los agentes implicados, incluso después de muertos, ni tampoco “revelar detalles de las técnicas de vigilancia”.
Riesgo para las relaciones internacionales de Australia
Por su lado, el abogado del Gobierno australiano Andrew Berger remarcó durante la vista que la divulgación de “asuntos altamente especializados” pueden poner en peligro a Australia, aún medio siglo después de ocurridos esos hechos.
Asimismo consideró que la desclasificación de los documentos podría contener, frases, nombres, registros u otros elementos que pueden caer en manos de “adversarios extranjeros” o atentar contra la seguridad del país.
En tanto, Anthony Sheehan, subsecretario de Seguridad Internacional del Ministerio de Exteriores de Australia y primer testigo del caso, señaló que existen “aspectos (en los documentos) que necesitan ser protegidos”, al considerar que la desclasificación supone “un riesgo real” para las “relaciones internacionales y la seguridad” del país.
Sheehan, cuyo testimonio fue parcialmente divulgado, admitió que probablemente no todos los documentos que revisó sean sensibles para su Ministerio, aunque recalcó: “No puedo comentar sobre asuntos relacionados con la ASIS”.