La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó este jueves en apelación la apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Afganistán que habrían sido cometidos por soldados estadounidenses.

“La fiscal está autorizada a comenzar una investigación por presuntos crímenes cometidos en el territorio de Afganistán después del 1 de mayo de 2003 “, declaró el juez Piotr Hofmanski, anulando la decisión en primera instancia.

Los jueces de la CPI, con sede en La Haya, se habían negado a autorizar, en abril, la apertura de una investigación sobre los mencionados crímenes en ese país devastado por la guerra, al considerar que eso “no serviría a los intereses de la justicia”.

La decisión se produjo una semana después de que Washington, que aplaudió una “gran victoria”, revocara un visado a la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se había opuesto firmemente a que la CPI, un tribunal fundado en 2002 para juzgar las peores atrocidades cometidas en el mundo, abriera cualquier investigación sobre Afganistán.

Estados Unidos, que no es miembro de la Corte, anunció a mediados de marzo unas sanciones sin precedente contra ese tribunal internacional, con restricciones de visado a cualquier persona “directamente responsable” en una eventual investigación “contra militares estadounidenses”.

La fiscal Fatou Bensouda había recurrido en septiembre el veredicto de los jueces, que fue muy criticado por diferentes grupos de defensa de los derechos humanos, alegando un duro golpe para “miles de víctimas” del conflicto afgano.

“Contra los intereses estadounidenses”

Según Naciones Unidas, cerca de 3.500 civiles murieron y otros 7.000 resultaron heridos a causa de la guerra en Afganistán el año pasado.

Bensouda desea examinar no solo los supuestos crímenes cometidos desde 2003 por los soldados talibanes y afganos, sino también los que hubieran podido cometer las fuerzas internacionales, sobre todo las tropas estadounidenses. Asimismo, se acusó de torturas a la CIA.

La oficina de la fiscal -que había abierto una investigación preliminar en 2006 sobre la situación en Afganistán- y representantes de las víctimas del conflicto afgano reclamaron de nuevo en diciembre, en el marco de unas audiencias, que se abra una investigación.

Con el rechazo de la apertura de esa investigación, “se priva a las víctimas de todo”, había dicho Fergal Gaynor, abogada que defiende la causa de 82 víctimas.

El abogado personal de Donald Trump, Jay Sekulw, denunció por su parte “una acción de la fiscal que va directamente en contra de los intereses estadounidenses”.

Washington y los talibanes afganos firmaron el 29 de febrero un acuerdo histórico que abre la vía a una retirada total de las tropas estadounidenses de Afganistán. Aunque en estos últimos días los talibanes efectuaron varios ataques, el Pentágono minimizó los efectos.

Desde 2001, Estados Unidos libra en ese país la guerra más larga de su historia.