La represión continúa en Irán, donde la activista sindical kurda Sharifeh Mohammadi fue condenada a muerte el 4 de julio por el tribunal revolucionario de Rasht, principal ciudad de la provincia de Gilan, en el mar Caspio, según la organización Hengaw, con sede en Noruega, y la ONG estadounidense Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés).
Considerada culpable de rebelión, esta ingeniera de diseño industrial es acusada de ser miembro del partido separatista kurdo Komala, prohibido por el régimen iraní.
Sin embargo, una fuente cercana a la familia refuta estas acusaciones, afirmando que Sharifeh Mohammadi era efectivamente miembro de un sindicato local hace diez años, pero que no tenía “nada que ver con (el partido separatista kurdo) Komala”.
La ONG Hengaw afirma que fue víctima de “tortura física y mental” por parte de agentes de inteligencia mientras estaba detenida, incluida su reclusión en régimen de aislamiento durante varios meses.
Esta madre de 45 años fue arrestada en diciembre de 2023 y recluida en secreto durante meses, afirma otra ONG de derechos humanos, IHR (Iran Human Rights), con sede en Noruega.
Sin noticias, su marido intentó obtener información sobre el caso de su esposa y fue arrestado por agentes del Ministerio de Inteligencia el 11 de junio de 2024, antes de ser puesto en libertad bajo fianza ese mismo mes.
Las autoridades judiciales iraníes también critican a Sharifeh Mohammadi por su membresía en el Comité Nacional de Coordinación de Asistencia Sindical (LUACC), que opera legalmente en Irán, indica IHR. Este grupo de activistas sindicales trabaja por un mejor conocimiento de los derechos de los trabajadores en Irán y lucha por la abolición del trabajo infantil.
“Feroz represión” contra los sindicalistas iraníes
El Centro Abdorrahman Boroumand, una ONG que defiende los derechos de los iraníes, aseguró, por su parte, que su condena estaba vinculada a “su papel en un sindicato independiente (no autorizado por el Estado iraní)”.
“Esta sentencia extrema pone de relieve la feroz represión de los disidentes en Irán, en particular contra los activistas sindicales en un período de crisis económica”, añadió.
En Irán, las huelgas y las reuniones pacíficas, en particular con motivo del Día del Trabajo, son regularmente reprimidas, denuncia Amnistía Internacional. Esto incluye el despido de 4.000 trabajadores petroquímicos en abril de 2023, tras una huelga histórica para exigir aumentos salariales y mejores condiciones de vivienda y transporte.
“Solo están autorizados los sindicatos afiliados a la ‘Casa de los Trabajadores’, controlada por los Guardias Revolucionarios y los servicios de inteligencia”, explica la abogada Chirinne Ardakani, presidenta de “Iran Justice”, un colectivo francés que recoge pruebas de los abusos del régimen iraní.
Sin embargo, el Comité Nacional de Coordinación de Asistencia a los Sindicatos (LUACC), al que las autoridades judiciales sospechan que pertenece Sharifeh Mohammadi, es legal.
La condena a muerte del activista, considerada un intento de intimidación, fue duramente criticada por otros sindicalistas. “Si la membresía en LUACC es un acto de rebelión, vengan y arréstennos a nosotros también, porque en un momento fuimos miembros del comité”, reaccionó Mahmoud Salehi, exmiembro de la junta directiva de LUACC, en un mensaje publicado en Instagram el 28 de junio.
Una campaña organizada en defensa de Sharifeh Mohammadi consideró la sentencia “absurda e infundada” y señaló que pretendía suscitar “miedo e intimidación”.
La provincia de Gilan, de donde es originaria Sharifeh Mohammadi, fue uno de los principales centros de las protestas de 2022 en Irán, tras la muerte bajo custodia de la joven kurda Mahsa Amini, detenida por la policía moral por el uso inadecuado del velo.
El poder judicial sigue en manos del líder supremo
Irán Human Rights afirma haber registrado al menos 249 ejecuciones este año, incluidas diez mujeres enviadas a la horca, durante los primeros seis meses de 2024.
“Muy pocas mujeres son condenadas a muerte o cadena perpetua. Cuando es así, suelen ser minorías”, subraya Chirinne Ardakani.
El anuncio de la condena a muerte de esta activista el 5 de julio, en vísperas de la asunción del nuevo presidente reformista iraní, Massoud Pezeshkian, “demuestra que la República Islámica no tiene ninguna intención de detener su máquina de matar, autorizada por el Estado y utilizada para castigar y silenciar a los disidentes pacíficos”, advierte Hadi Ghaemi, director ejecutivo del IHR, que pide a la comunidad internacional que reaccione.
Para la abogada Chirinne Ardakani, la elección de Massoud Pezeshkian “permitió a la República Islámica pulir su imagen, aunque el caso de Sharifeh Mohammadi ilustra la represión selectiva y la persecución de objetores de conciencia que son sindicalistas, feministas y más ampliamente el movimiento obrero”.
La llegada de un presidente reformista no necesariamente cambiará la situación, ya que el jefe del poder judicial es nombrado directamente por el líder supremo, Ali Jamenei.
Por otra parte, Massoud Pezeshkian no parece dispuesto a luchar contra la violenta represión que siguió a la muerte de Mahsa Amini y de la que forma parte esta nueva condena a muerte.
“Durante su campaña se mostró más que tímido, si no relativamente silencioso, sobre esta violenta represión, sin refutarla nunca de manera firme e inequívoca”, subraya Chirinne Ardakani. Y esto, aunque los datos son conocidos y documentados por las agencias internacionales de la ONU.
Tras la muerte de Mahsa Amini, en septiembre de 2022, más de 30.000 manifestantes fueron detenidos y al menos 551 fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, entre ellos 49 mujeres y 68 niños, según un informe de expertos encargado por el Consejo de Derechos Humanos publicado en marzo, que detalla graves violaciones de derechos humanos, incluidos casos de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, que constituyen “crímenes contra la humanidad”.
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