Las autoridades israelíes temen que la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga la situación en Gaza desde mediados de noviembre, emita esta semana órdenes de detención contra distintas autoridades que ocupan altos cargos en el Gobierno de Israel.
Específicamente, contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Ejército, Herzl Halevi.
Esto, por considerar que no han hecho lo suficiente para evitar las violaciones cometidas por sus tropas contra los civiles palestinos, informó el diario Haaretz.
Según el medio israelí, tanto el Ejecutvo, como países amigos de Israel -con Estados Unidos a la cabeza-, intentan convencer al fiscal general de la CPI, Karim Khan, de que retrase o incluso impida la emisión de las órdenes judiciales.
“Bajo mi liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento de la Corte Penal Internacional de La Haya de socavar su derecho básico a defenderse”, dijo Netanyahu el viernes pasado en una declaración en Telegram.
“Si bien las decisiones tomadas por el tribunal de La Haya no afectarán las acciones de Israel, sentarán un precedente peligroso que amenaza a soldados y figuras públicas”, añadió.
El diario Haaretz también destacó algunas de las declaraciones que a lo largo del conflicto, han pronunciado varios de los más altos funcionarios del país como el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, que exigió el corte del suministro en la Franja de Gaza argumentando que “eso es lo que merecen los asesinos de niños”.
Próximos pasos del Gobierno
El Ejército de Israel ha matado desde el 7 de octubre a más de 34 mil palestinos en una ofensiva que ha llevado a Gaza a una situación catastrófica.
En el contexto de la propuesta de tregua al grupo palestino Hamás, Israel avisó que este es el último intento de alcanzar un acuerdo antes de una invasión terrestre a Rafah, lo que podría significar un “desastre” según el presidente palestino Mahmud Abbas.
Cabe destacar que el Estado israelí, al igual que Estados Unidos, Rusia e Irán no reconocen la autoridad de la CPI, pero los 123 países que sí lo reconocen estarían obligados a detener a las autoridades acusadas y entregarlos al tribunal de la Haya en caso de que se emita una orden de arresto contra ellos.
Por otra parte, según el exfiscal general adjunto israelí Roy Schondorf, citado por Haaretz, la emisión de órdenes de arresto podría dar lugar a medidas contra Israel como un embargo de armas o sanciones económicas.