Estados Unidos (EEUU) autorizó este viernes a las empresas tecnológicas a ampliar sus servicios en Irán, en respuesta a los cortes de Internet ordenados por Teherán para atajar las protestas contra la violencia a las mujeres y la obligatoriedad del velo.
“Con esta medida, ayudaremos a que el pueblo iraní no quede aislado en la oscuridad. Es un paso para apoyar significativamente a los iraníes que exigen que se respeten sus derechos fundamentales”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.
En concreto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que mantiene fuertes sanciones a Irán, emitió una licencia general.
En ella “las empresas tecnológicas podrán brindar más servicios digitales a los iraníes, desde acceso a la nube hasta herramientas para mejorar su seguridad y privacidad en línea”.
El líder de la diplomacia estadounidense subrayó que las autoridades iraníes cortaron el acceso a internet de la mayoría de sus 80 millones de ciudadanos para “evitar que ellos y el mundo vean su violenta represión contra manifestaciones pacíficas”.
“Está claro que el Gobierno iraní tiene miedo a su propio pueblo”, dijo Blinken, quien aseguró que la licencia general de este viernes “expandirá el flujo libre de información” en el país.
“Injerencia” de EEUU en las protestas de Irán
En una posterior rueda de prensa, un alto funcionario de la Administración estadounidense detalló que esto permitirá facilitar el acceso a redes VPN. Se trata de servicios que permiten burlar censuras y bloqueos en Internet.
También se eliminan restricciones a los servicios de comunicación entre personas, algo que las compañías tecnológicas habían solicitado a las autoridades estadounidenses.
La televisión estatal IRIB informó de la muerte de 26 personas en los choques con las autoridades.
El Gobierno ha restringido fuertemente internet, con las redes móviles cortadas desde las nueve de la noche hasta por la mañana los dos últimos días.
Estados Unidos sancionó el jueves a la Policía de la Moral por la muerte de la joven y a siete altos funcionarios de seguridad por la represión de las manifestaciones.