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La denuncia tiene más de 300 páginas. Durante un año, un equipo de la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras (RSF) investigó, habló con los afectados, entrevistó a expertos y recogió pruebas. Ahora, RSF ha presentado la denuncia al Fiscal General Federal alemán – y las acusaciones pesan mucho: el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y varios altos funcionarios del Gobierno son acusados de haber cometido crímenes contra la humanidad según el derecho penal internacional.
El truculento asesinato del periodista Jamal Kashoggi en el consulado general saudí de Estambul, en otoño de 2018, es solo el caso más destacado. Se trata de la persecución sistemática de los periodistas en general en el país.
La denuncia se refiere al trato dado por el Gobierno saudí a un total de 35 periodistas. Entre ellos está el bloguero Raif Badawi, quien se había atrevido a criticar el papel de la religión en Arabia Saudí. En 2013, Badawi no solo fue condenado a diez años de prisión, sino también a 1.000 latigazos.
En 2015, Deutsche Welle premió a Badawi con el “Premio a la Libertad de Expresión”. Debido a la catastrófica situación de los periodistas, el reino ocupa el puesto 170 de 180 países en la clasificación de la libertad de prensa.
La Haya queda fuera
Crímenes de lesa humanidad es el término utilizado por el Código Penal Internacional alemán para describir los delitos cometidos “en el curso de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. El Código Penal Internacional se adoptó en Alemania hace casi 20 años.
Justo en el artículo 1 se consagra de forma destacada el llamado principio de la justicia universal. Este permite a los fiscales y tribunales alemanes perseguir delitos, aunque el acto no se haya cometido en Alemania y ni el autor ni la víctima sean alemanes. De modo que, en principio, las investigaciones y los procesamientos serían posibles.
Sin embargo, habría un mejor lugar para juzgar los crímenes de lesa humanidad: la Corte Penal Internacional de La Haya. Pero Arabia Saudita no es signataria del Estatuto de Roma de 1998 y, por tanto, no se ha sometido al tribunal mundial.
Pero incluso en estos casos, La Haya puede entrar en juego. Siempre y cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita el caso a la Corte Penal Internacional. En el caso de Siria, por ejemplo, esto se ha impedido hasta ahora por el veto ruso.
El tribunal internacional
El pasado otoño, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, criticó ante el Bundestag alemán “que tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, China y Rusia, sigan sin reconocer a la Corte Penal Internacional”. Maas también criticó en su momento que Washington amenace incluso con sanciones a los representantes de la Corte Penal Internacional.
Ante ello, queda el tribunal de Karlsruhe. En la Fiscalía Federal, dos departamentos se ocupan de la persecución de los delitos de derecho internacional. Hasta ahora, principalmente en el contexto de la guerra civil siria y los crímenes del llamado “Estado Islámico”.
La “unidad de crímenes de guerra” de la Fiscalía General se considera especialmente bien equipada según los estándares europeos. Justo la semana pasada, un antiguo empleado del servicio de inteligencia sirio fue condenado por crímenes contra la humanidad.
La cuestión ahora, subraya el abogado Wolfgang Kaleck, es qué planteamientos de investigación tienen los fiscales federales. Como director de la ONG Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, con sede en Berlín, el abogado Kaleck tiene una amplia experiencia en delitos de derecho internacional.
“La Fiscalía Federal ha dejado claro en repetidas ocasiones que no puede, por supuesto, investigar todos los casos de graves violaciones de los derechos humanos en los que se produzcan violaciones del derecho penal internacional”, dijo.
Además, el derecho penal internacional ha planteado grandes obstáculos. No cubre los delitos individuales, aunque sean tan atroces como el asesinato de Jamal Kashoggi. El umbral del derecho penal internacional solo se traspasa cuando se demuestran ataques “sistemáticos y generalizados” contra grupos enteros de personas.
En este caso, según RSF, los profesionales de los medios de comunicación en su conjunto son perseguidos como grupo, únicamente por sus actividades. Como esto forma parte de una política gubernamental para disuadir a los periodistas de criticar, puede decirse que es sistemático. Y como el número de periodistas encarcelados es tan elevado en una comparación mundial, la persecución también es “amplia”.
Doble moral
Sin embargo, también existe una dimensión política. Wolfgang Kaleck está seguro: “Se aplican diferentes normas cuando se trata de poderosos violadores de derechos humanos. Y, por supuesto, Arabia Saudita es uno de los Estados más poderosos económicamente del planeta. Todo lo relacionado con la corte real saudí se maneja con guantes de seda”.
La casualidad ha querido que las acusaciones de RSF contra el príncipe heredero saudí se produzcan poco después de la publicación de un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que también implica fuertemente a Mohammed bin Salman.
El cambio de postura de la nueva administración estadounidense también podría tener un impacto en los fiscales federales de Alemania, especula Kaleck: “Si EE.UU. aborda este tema tan abiertamente, entonces podría ser que la fiscalía alemana también se involucre”.
La Fiscalía Federal alemana ha confirmado la recepción de la denuncia. La pregunta ahora es si realmente se iniciará una investigación preliminar. Sería una señal fuerte.
