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Irán inició la producción de uranio metal para utilizarlo como combustible en uno de sus reactores, una nueva violación de sus compromisos en el acuerdo de 2015, indicó este miércoles la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
El 8 de febrero, esta agencia de la ONU, basada en Viena, “verificó 3,6 gramos de uranio metal en la planta de Isfahán”, según una declaración enviada a la AFP.
El asunto es sensible porque el uranio metal puede usarse para fabricar armas nucleares.
El director general de la OIEA, Rafael Grossi, informó a los Estados miembros de esta nueva etapa, que según Teherán, tiene como objetivo “producir combustible” como parte de las actividades de investigación y desarrollo.
El Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) que firmaron en 2015 Irán y seis grandes potencias (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) incluye una prohibición de 15 años en lo que respecta a “la producción o adquisición de metales de plutonio o de uranio y sus aleaciones”.
El pacto prevé que Irán podría ser autorizado a empezar a investigar la producción de combustible a base de uranio “en pequeñas cantidades” al cabo de 10 años, pero solamente con la autorización de los otros firmantes.
Ese anuncio llega un mes después de la reanudación por parte de Teherán del enriquecimiento de uranio al 20%.
La retirada del Estados Unidos de Donald Trump en 2018 del pacto nuclear y la reimposición de sanciones a Irán implicó que Teherán violara progresivamente desde 2019 los términos del acuerdo.
Aunque la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio cierta esperanza a una reanudación del diálogo, Teherán ya advirtió de que no dará marcha atrás mientras Washington no levante sus sanciones.
“Pronto mi gobierno se verá obligado a tomar nuevas medidas en respuesta al fracaso de estadounidenses y europeos” en el cumplimiento de su parte, dijo horas antes este miércoles el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif.
El Parlamento iraní fijó en el 21 de febrero la fecha en la que Irán podría restringir el acceso de los inspectores de la OIEA a sus plantas, una línea roja que podría socavar las maniobras entre bastidores para salvar el acuerdo.
